Mientras el presidente Andrés Manuel tiene a todo el país entretenido discutiendo la reforma al Poder Judicial, al mismo tiempo en el mismo Congreso se cocina una reforma constitucional que cambiará la forma en la que evaluamos al gobierno y tomamos decisiones en la actualidad.
Ha cobrado tal protagonismo la reforma judicial, que hemos pasado por alto la desaparición de los órganos autónomos de nuestro país. Al mismo tiempo que se discute la reforma judicial, en Cámara de Diputados se está aprobando un dictamen que desaparecería siete órganos autónomos.
Imagine usted que se está planteando la desaparición, por ejemplo, del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Inai. Sí, ese instituto al cual acudimos cuando la autoridad no quiere brindarnos la información que requerimos. Es decir, con la desaparición del Inai, usted ya no podrá saber cuánto cuesta una obra pública, cuánto gana un funcionario, en qué se están gastando su dinero, sus impuestos. En resumen dejará de existir un órgano autónomo que tenga la facultad de obligar a la autoridad a responder sus preguntas. Por si no fuera suficientemente grave este hecho por sí solo, el acceso a la información es también un derecho humano universal según la ONU, no poder acceder la información pública es violar nuestros derechos humanos.
Pero el Inai es solamente uno de los siete órganos que se están planteando desaparecer. Otro ejemplo que cobra relevancia es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval. Esta institución se encarga fundamentalmente de estar analizando, midiendo y evaluando el impacto que tienen los programas y políticas públicas en la sociedad. Nos ayuda a conocer y evaluar si el dinero que se está invirtiendo en materia social contribuye con los objetivos planteados, por ejemplo para la reducción de la pobreza.
Ahora la mayoría parlamentaria argumenta que no se requiere que un órgano autónomo evalúe la labor gubernamental, sino que ellos mismos pueden autoevaluarse para buscar la mejora continua. Ahí está el fondo del problema al que nos estamos enfrentando con la desaparición de estos espacios ciudadanos que vigilan el buen actuar del gobierno. Imagine usted que ahora ellos mismos, los que presumen siempre tener otros datos, serán quienes evalúen si su trabajo ha sido correcto o no. Es fácil suponer la respuesta: tendremos el gobierno perfecto.
Piense usted en el momento que tengan que entregar la evaluación del sistema público de salud, pues probablemente la conclusión del propio gobierno es que somos superiores a Dinamarca o cualquier país nórdico.
Pensemos en un ejemplo cotidiano: sus hijos en la escuela. Imagine que mañana en una junta de padres y madres de familia, en la escuela de su hija, le informa la directora que a partir de este semestre la forma de evaluar el aprendizaje de los alumnos será distinta de la siguiente manera: las tareas que llevarán sus hijos a casa las diseñarán y le pondrán una calificación ellos mismos, habrá exámenes mensuales y las preguntas las harán ellos, después de responder dichos exámenes ellos mismos, los niños los calificarán y así será todo el semestre. Los niños diseñarán sus tareas, crearán sus propios exámenes de evaluación y al final ellos se pondrán la calificación. ¿Cuánto cree que sacará de promedio su hija este semestre?
Ese absurdo de autoevaluarse para autoengañarse es el fondo del planteamiento que está haciendo Morena al eliminar la facultad de los órganos para evaluarlos y buscar mejorar, contaremos entonces en el futuro con datos oficiales que nos mostrarán una realidad alterna a lo que vivimos todos los días, pero que serán las cifras oficiales y las calificaciones que el “gobierno perfecto” se imponga a sí mismo.
Suertudos nosotros que pronto viviremos, según los datos oficiales, en el país más próspero del mundo.
