La reforma judicial en México ya no es un debate pendiente. Se ha materializado con la aprobación contundente de Morena en la Cámara de Diputados, respaldada por la complicidad de actores como el senador Miguel Ángel Yunes del PAN, así como el control estratégico de los congresos locales que tiene la 4T.

Nos guste o no, la realidad es que esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, y sus disposiciones ya marcan el rumbo del Poder Judicial. Como oposición, que por meses nos aferramos a tácticas legales y maniobras jurídicas para frenar o retrasar esta iniciativa, hoy enfrenta un escenario distinto: la reforma es un hecho consumado. En lugar de seguir aferrándonos a la idea de revertir lo que parece imposible en el corto plazo, debemos replantear nuestra estrategia. Ya no se trata de detener la reforma, sino de garantizar que, con estás nuevas reglas del juego, se privilegie una justicia ciega, pronta y expedita.

El gran desafío que ahora se cierne sobre el país no es tanto la reforma en sí, sino el proceso de selección de jueces y magistrados bajo las nuevas reglas del juego. Morena ha dejado clara su intención de dominar todas las esferas del poder, y no sería descabellado pensar que su próximo objetivo es la partidización del Poder Judicial. El riesgo de que la justicia se convierta en un brazo más de la ideología del partido gobernante es latente. Ante este panorama, la oposición debe concentrar sus esfuerzos en crear los contrapesos necesarios para evitar que las instituciones judiciales se conviertan en instrumentos políticos.

La selección de jueces y magistrados será clave en este nuevo escenario. Debemos asegurarnos de que los perfiles que lleguen a ocupar estos cargos sean los más capacitados, íntegros y, sobre todo, imparciales. No podemos permitir que el proceso de elección se convierta en una mera formalidad donde los leales al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo o al expresidente López Obrador sean colocados en posiciones de poder, comprometidos no con la justicia, sino con intereses políticos.

La oposición debe desempeñar un papel activo en la construcción de estrategias que permitan identificar, promover y respaldar a candidatos cuya lealtad sea exclusivamente con el Estado de derecho y no con ninguna corriente partidista.

Esto implica un cambio de enfoque radical. No más pleitos en tribunales buscando argucias legales que sólo prolongan la implementación de la reforma. Es tiempo de aceptar que las reglas del juego han cambiado y, bajo esas nuevas reglas, luchar para que la justicia siga siendo justa.

La confianza en el Poder Judicial no se construye en tribunales ni en los pasillos del Congreso, sino en la percepción pública de que sus jueces y magistrados son personas íntegras, ajenas a la corrupción, con las credenciales necesarias para desempeñar sus responsabilidades de manera objetiva y honesta.