El domingo, miles de ciudadanos se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México y a lo largo y ancho de todo el país en mas de 100 ciudades, para participar en la Marcha por la Democracia, un evento que trascendió las divisiones políticas y se convirtió en un grito unificado en defensa de los valores democráticos de México.

Esta manifestación ha resonado como un llamado unísono a preservar y fortalecer los pilares fundamentales de nuestro sistema político. Más allá de las disputas partidistas y las reacciones de los actores políticos, esta manifestación ha representado un poderoso recordatorio de la importancia de proteger nuestras instituciones democráticas y garantizar la participación ciudadana en el proceso electoral.

Uno de los argumentos clave que emerge de esta marcha es que trasciende las opiniones y reacciones de ciertos líderes políticos, como el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena. Independientemente de lo que puedan decir sobre la marcha, lo que realmente importa es el mensaje que esta envía sobre las tentaciones autoritarias y las afrentas contra la democracia que se están viviendo en el país. Es un recordatorio contundente de que la democracia es un valor que debe protegerse y fortalecerse constantemente, y que ninguna figura política, por más poderosa que sea, está por encima de ella.

La manifestación presentó un decálogo con demandas concretas que reflejan las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos respecto al proceso democrático en México. Desde la exigencia de que el presidente se mantenga al margen del proceso electoral hasta la necesidad de una cobertura mediática imparcial, estas demandas reflejan los principios básicos de la democracia y el Estado de derecho.

Quienes podrían estar en contra de estos puntos, aparentemente solo estarían mostrando resistencia a la transparencia y la justicia en el proceso político del país. Después de todo, ¿quién podría oponerse al principio de que los programas sociales sean garantizados como un derecho constitucional, o a la necesidad de que el INE y el Tribunal Electoral trabajen de manera independiente y autónoma para garantizar elecciones libres y justas? La respuesta a esta pregunta revela no solo la importancia de estas demandas, sino también la naturaleza fundamental de los principios democráticos que representan.

El decálogo también aborda la necesidad de detener las campañas financiadas por el narcotráfico y de poner fin a la propaganda que pretende definir los resultados electorales de antemano. Estos puntos son cruciales para garantizar la integridad del proceso electoral y la soberanía del voto ciudadano. Aquellos que se oponen a estas demandas podrían estar perpetuando un sistema político corrupto y manipulador que socava la voluntad del pueblo y beneficia a intereses particulares sobre el bien común. Quienes se oponen a estas demandas están, en efecto, mostrando su resistencia a un proceso político justo y transparente, y están socavando los pilares mismos de la democracia en México.