La campaña judicial más absurda de la historia ya comenzó. El pasado domingo 30 de marzo, sin entusiasmo, sin expectativa y sin siquiera información clara para la mayoría de los ciudadanos, arrancó el proceso que definirá quiénes serán los nuevos jueces, magistrados y ministros del país. ¿Lo notó? ¿Salió a la calle y vio brigadas de candidatos judiciales pidiendo el voto? ¿Recibió algún panfleto explicando sus propuestas? No. Porque nadie lo hizo. Porque nadie sabe cómo se hace campaña para un cargo que debería ganarse por méritos, no por clientelismo electoral.

El pueblo mexicano, ese que el gobierno insiste en decir que está feliz y entusiasmado con este proceso, ni siquiera estaba enterado. ¿Cómo podrían estarlo si esta elección fue impuesta sin explicación, sin reglas claras y sin candidatos reconocidos? No es exageración: ¿quién puede nombrar a un solo aspirante a magistrado o juez que esté haciendo campaña en su Estado?. Si no pueden hacer publicidad más que casa por casa, ¿cómo lo sabrá el ciudadano promedio que apenas tiene tiempo para preocuparse por su día a día?

Lo que sí sabemos es que esta elección es el sueño dorado de cualquier grupo que quiera controlar la justicia con la menor resistencia posible. Con una participación esperada de 3 o 4%, cualquier grupo político, despacho de abogados o incluso el crimen organizado puede garantizar el triunfo de sus candidatos con apenas unas decenas de miles de votos. En un estado como Querétaro, 33,000 votos bastarían para decidir quiénes imparten justicia. Si esto no es el mejor incentivo para la manipulación, la coacción y la compra de votos, no sé qué lo sea.

Y aquí está el verdadero peligro: en al menos ocho estados del país ya se identificó un riesgo alto de intervención del crimen organizado en esta elección. No es especulación. Un estudio de México Evalúa advirtió que Colima, Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Baja California y Sonora son territorios donde el narcotráfico ya influye en la justicia, y ahora tendrá la oportunidad de hacerlo de forma "legal" a través de las urnas. En estos estados, los jueces ya trabajan bajo amenaza, los fiscales son ejecutados y los magistrados deben mirar por encima del hombro antes de dictar sentencia. Ahora, con esta reforma, el crimen organizado no tendrá que amenazar a los jueces en funciones, porque podrá elegir directamente a los suyos.

Pero la manipulación no vendrá solo del crimen. Los gobiernos estatales y municipales también tienen un incentivo enorme para meter las manos en la elección. Con el control del Poder Judicial, cualquier gobernador o alcalde podría asegurarse de que los jueces y magistrados elegidos sean afines a su administración y, mejor aún, garanticen impunidad cuando sea necesario. La justicia pasará de ser ciega a ser complaciente, y en muchos casos, servil.

Y si aún hay dudas de qué tan manipulable será este proceso, basta ver el diseño mismo de la elección. El ciudadano que decida participar recibirá seis boletas distintas para votar por jueces y magistrados de todos los niveles. En un país donde el 50% de los ciudadanos no vota ni siquiera en elecciones presidenciales, ¿de verdad se espera que la gente pase media hora en la casilla revisando nombres de jueces desconocidos? Lo más probable es que muchos ni siquiera marquen las boletas o, peor aún, que lo hagan sin tener idea de quiénes son los candidatos. Una elección sin información es una elección sin sentido.

La campaña ya empezó, pero no la veremos en espectaculares ni en redes sociales. La veremos en despachos donde se negociarán candidaturas a puerta cerrada. La veremos en presidencias municipales donde operadores políticos moverán estructuras para asegurar votos. La veremos en las sombras, donde se definirá qué jueces podrán trabajar sin miedo y cuáles deberán obedecer órdenes.

El gobierno de MORENA quiere hacernos creer que esto es democracia. Pero si el resultado ya está diseñado para que lo controlen unos cuantos, ¿a quién le sirve realmente esta elección?