La corrupción es un mal que destruye la confianza en las instituciones, perpetúa la desigualdad y erosiona los cimientos de cualquier democracia. En un mundo donde algunos países han demostrado que es posible combatirla con éxito, México parece estar yendo en dirección contraria. Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, los países con menor percepción de corrupción según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), no llegaron a la cima por casualidad. Lo hicieron apostando por tres pilares esenciales: sistemas judiciales sólidos, altos niveles de transparencia y una cultura de rendición de cuentas. En contraste, México parece haber abandonado estas aspiraciones, sacrificándolas en el altar del poder absoluto.
En Dinamarca, la independencia judicial es un principio inquebrantable. Cualquier intento de influir en los tribunales sería impensable, y las sanciones serían inmediatas. Finlandia ha elevado la transparencia a un valor cultural que permea todas las esferas del gobierno, mientras que Nueva Zelanda ha hecho de la rendición de cuentas un mecanismo que funciona sin importar el rango o la posición de los involucrados. En estos países, los ciudadanos no sólo confían en sus instituciones; las ven como aliados en la construcción de sociedades más justas y equitativas.
México, sin embargo, sigue atrapado en un ciclo vicioso donde la corrupción no sólo se tolera, sino que parece institucionalizarse con cada nuevo golpe a la independencia de sus organismos clave. Morena ha reformado al Poder Judicial, subordinándolo al Poder Ejecutivo y eliminando la autonomía que debería proteger a los ciudadanos de los abusos del gobierno. Esta reforma, que debilita aun más las instituciones democráticas, es un paso en falso que pone en riesgo la separación de poderes y, con ello, el sistema de contrapesos esencial para cualquier democracia funcional.
Además, lejos de avanzar hacia una mayor transparencia, eliminó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Este organismo autónomo era una herramienta crucial para los ciudadanos y los periodistas en su lucha por destapar actos de corrupción y exigir rendición de cuentas. Su desaparición es un retroceso monumental en materia de derechos y un triunfo para quienes buscan operar en las sombras, sin cuestionamientos ni vigilancia.
Lo más alarmante es que, a pesar de los pésimos resultados de la administración anterior en temas de seguridad, salud y economía, Morena obtuvo una victoria arrolladora en las elecciones recientes. Este hecho pone de manifiesto una paradoja que no se puede ignorar: mientras la ciudadanía sufre las consecuencias de un gobierno ineficaz y corrupto, las urnas parecen legitimar estas prácticas. ¿Cómo es posible que un partido con tantos fracasos en su gestión no sólo sobreviva, sino que prospere electoralmente? La respuesta puede encontrarse en la captura del discurso, el uso clientelar de los recursos públicos y una oposición desarticulada que no ha sabido ofrecer una alternativa real.
