Han pasado más de seis años desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Seis largos años de exigencias, protestas y lágrimas derramadas por la incertidumbre y el dolor de no tener respuestas claras sobre el paradero de esos jóvenes. La paciencia de quienes legítimamente demandan justicia y verdad se ha visto sometida a una prueba constante, y hoy, parece haber llegado a su límite.
La historia se repite una vez más, como un trágico eco del pasado. El reciente asesinato de Yanqui Rothan Gómez Peralta, estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Chilpancingo, Guerrero, ha encendido nuevamente la llama de la indignación. Este joven, lejos de ser tratado con la dignidad y el respeto que merece toda víctima, fue inicialmente revictimizado por las autoridades que lo señalaron como un delincuente, un agresor. Una vez más, la narrativa oficial buscó desviar la atención y justificar la brutalidad policial.
Sin embargo, la verdad siempre encuentra su camino, aunque sea a través de las grietas del discurso oficial. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en un giro maromero, tuvo que reconocer que el asesinato de Yanqui Rothan fue un claro abuso de autoridad. Es irónico cómo la primera respuesta de las autoridades fue intentar criminalizar a la víctima, sólo para luego admitir la injusticia perpetrada por aquellos que deberían proteger a la ciudadanía.
Pero no es de sorprendernos, la marca de la casa es victimizar al que se autonombra el Presidente más atacado de la historia, porque las manifestaciones no son para exigir resultados, son para manchar su investidura. Es tan absurdo que es capaz de invitar que el joven se atravesó en la trayectoria de la bala porque es parte de una conspiración para desprestigiar su gobierno.
Estos trágicos episodios son sólo la punta del iceberg de una serie de eventos que han puesto en entredicho el compromiso real del gobierno de la Cuarta Transformación con la justicia y los derechos humanos. La instrumentalización política del caso Ayotzinapa por parte de Morena y sus aliados ha dejado en evidencia una dolorosa verdad: que para algunos, las vidas perdidas son meros peones en el tablero de la política.
La indignación que ahora consume a quienes luchan por la verdad sobre Ayotzinapa no es sólo por la muerte de Yanqui Rothan, sino por la acumulación de decepciones y traiciones por parte de un gobierno que prometió ser diferente. La Cuarta Transformación, con su lema de justicia y cambio, parecía ofrecer una esperanza para las miles de personas afectadas por la violencia y la impunidad en México. Sin embargo, esa esperanza se ha desvanecido ante la cruda realidad de la manipulación política y la falta de voluntad para enfrentar a los verdaderos responsables de los crímenes.
Hoy, más que nunca, es necesario alzar la voz y exigir cuentas claras a quienes ostentan el poder. La memoria de los 43 estudiantes desaparecidos no puede ser utilizada como moneda de cambio en el juego político. Cada vida perdida, cada familia destrozada, merece justicia y verdad, no promesas vacías y discursos huecos. La paciencia se ha agotado, pero la determinación de quienes buscan verdad y justicia sigue más firme que nunca. Razón más de porque la Esperanza cambió de manos.