Hagamos un ejercicio de imaginación, si nada cambia antes de publicarse esta columna, gracias a los Judas del Senado, en estos momentos AMLO, el oficialismo y sus aliados celebran la aprobación de la reforma al Poder Judicial, y embriagados de poder, dejan a un lado el verdadero debate sobre lo que realmente necesita el sistema de justicia en México. Lo que está en juego es mucho más que una serie de modificaciones legales; es el futuro de la justicia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Sin embargo, la reforma propuesta se queda corta y, peor aún, ignora temas clave que deberían ser prioridad para cualquier transformación seria del sistema judicial en nuestro país.
Uno de los grandes problemas que persiste, y que esta reforma no resuelve, es la politización del sistema judicial. En México, los nombramientos de jueces, magistrados y otros altos funcionarios judiciales a menudo están condicionados por favores políticos, en lugar de ser evaluados con base en méritos y capacidades. Este fenómeno no sólo compromete la imparcialidad, sino que también mina la independencia del Poder Judicial, lo cual debería ser una de sus características fundamentales. Si no rompemos con esta práctica, cualquier esfuerzo por reformar el sistema estará condenado al fracaso desde su origen. Una verdadera reforma debería incluir mecanismos transparentes que aseguren que las posiciones dentro del Poder Judicial se asignen únicamente por mérito, sin la influencia de intereses partidistas. Y por supuesto, ese mecanismo no es por la via de elecciones de popularidad.
Tampoco podemos ignorar el estado deplorable de las fiscalías en México. Las fiscalías son las encargadas de investigar y armar los casos, y, sin embargo, esta reforma las deja completamente fuera del radar. La corrupción, la falta de recursos y la ineficiencia que se vive en estas instituciones son parte de los problemas estructurales que perpetúan la impunidad en nuestro país. ¿Cómo es posible que una reforma al Poder Judicial no incluya medidas para mejorar el funcionamiento de las fiscalías, que son esenciales en el combate contra el crimen? Es imposible hablar de justicia si quienes deben investigar los delitos no cuentan con las herramientas, el personal o la capacitación necesaria para realizar su trabajo.
A esto se suma la brecha de acceso a la justicia que enfrentan los grupos más vulnerables de la población. Mujeres, indígenas, personas de bajos recursos y otras minorías se encuentran en una situación de desventaja al momento de acceder al sistema judicial. Ya sea por barreras económicas, geográficas o lingüísticas, el hecho es que miles de personas no pueden defender sus derechos de manera adecuada. Una reforma verdaderamente transformadora debería centrarse en garantizar mecanismos accesibles para que todos los mexicanos, sin importar su condición, tengan la misma posibilidad de obtener justicia.
El rezago judicial es otro problema crítico que esta reforma simplemente no aborda. Miles de casos se acumulan en los tribunales sin resolución, mientras los jueces están desbordados por las cargas procesales. El sistema se encuentra en un cuello de botella.
