El primero de septiembre marca el inicio de una nueva legislatura, un día que no solo representará la toma de protesta de nuevos senadores y diputados, sino que también traerá consigo un torbellino de decisiones legislativas que podrían redefinir el futuro de México. En un contexto donde la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados ya es un hecho casi consumado, surgen serias preocupaciones sobre el rumbo que tomará el país bajo esta nueva configuración del poder legislativo.
Para empezar, el tema de la sobrerrepresentación no es menor. Según lo determinado por el Instituto Nacional Electoral, Morena y sus aliados tendrán una amplísima mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo que significa que podrán reformar la Constitución sin necesidad de buscar consensos con la oposición. Esta mayoría calificada, que representa dos tercios del total de diputados, le otorgará a Morena un poder prácticamente ilimitado en la cámara baja. Mientras tanto, en el Senado, aunque todavía faltan tres escaños para alcanzar la mayoría calificada, existen rumores inquietantes sobre posibles movimientos que podrían asegurar esos votos restantes. Personajes como Félix Salgado Macedonio o Manuel Velasco, han insinuado que estos votos ya están “amarrados”, lo cual plantea serias dudas sobre la independencia y la integridad de los legisladores que podrían estar involucrados en estas negociaciones.
Esta nueva configuración legislativa tiene profundas implicaciones para el futuro inmediato de México, comenzando con la controvertida reforma judicial. Esta propuesta, que busca permitir la elección de jueces y magistrados por voto popular, ha sido señalada como una reforma regresiva y anticonstitucional. Bajo el argumento de democratizar el poder judicial, esta reforma podría, en realidad, politizar aún más a una institución que debe mantenerse independiente y libre de influencias partidistas. Si bien hoy, al día de la toma de protesta, los números no parecen dar a Morena la posibilidad de aprobar esta reforma por sí sola, el panorama podría cambiar rápidamente si los rumores sobre el traspaso de senadores de otros partidos se concretan.
Pero la reforma judicial no es el único tema preocupante en la agenda legislativa. El pasado 24 de agosto, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se aprobó una iniciativa que, de ser votada en septiembre, podría resultar en la desaparición de siete organismos autónomos. Entre ellos, destaca el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ha sido un pilar en la lucha por la transparencia y el acceso a la información pública en México. Sin este organismo, los ciudadanos perderían una herramienta fundamental para exigir rendición de cuentas a sus gobernantes.
Otro organismo en la mira es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que se encarga de evaluar la efectividad de las políticas sociales del gobierno. En un país donde la pobreza y la desigualdad siguen siendo desafíos enormes, la desaparición del CONEVAL sería un golpe directo a la capacidad del Estado para medir y corregir sus estrategias de combate a la pobreza.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y otros organismos autónomos también enfrentan la amenaza de ser eliminados bajo esta nueva mayoría legislativa. La eliminación de estos órganos, que regulan sectores cruciales de la economía y garantizan la competencia y el acceso a la información, no solo es un retroceso democrático, sino que también abre la puerta a la concentración del poder en manos del Ejecutivo, sin contrapesos efectivos que puedan limitar sus acciones.
Este septiembre se perfila como un mes de decisiones históricas que podrían cambiar el rumbo de México por décadas. La conformación de la próxima legislatura, con la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados, y los temas que se pondrán sobre la mesa, desde la reforma judicial hasta la desaparición de organismos autónomos, serán pruebas decisivas para la democracia mexicana.
La pregunta que queda en el aire es si los legisladores de oposición podrán resistir la presión y mantenerse firmes en la defensa de la Constitución y las instituciones democráticas, o si sucumbirán ante las tentaciones y los "cañonazos" que, según los rumores, ya empiezan a hacer estragos en las filas opositoras. En cualquier caso, el futuro de la democracia en México pende de un hilo, y es responsabilidad de todos nosotros estar atentos y exigir que nuestros representantes actúen en favor del bien común y no de intereses particulares.
Este primero de septiembre marca el inicio de una nueva batalla legislativa, una batalla en la que mucho más que leyes está en juego; está en juego el futuro de nuestra democracia. ¿Podrá la oposición mantener el equilibrio y evitar una regresión autoritaria, o se consolidará el poder absoluto en manos de un solo partido? El tiempo, y las decisiones de nuestros legisladores, lo dirán.
