Cada vez es más evidente el carácter autoritario, arbitrario y anticientífico del gobierno federal. Como se ha sostenido aquí, “por error de software”, trataron de eliminar la autonomía universitaria de la Constitución. Luego, sin pruebas, acusaron y persiguieron a científicas y académicos. Fueron capaces de justificar el plagio e impusieron a un director en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) con la máscara de luchar contra el despilfarro. Al Fiscal Federal de la República le confirieron la más alta categoría como investigador nacional bajo una serie de irregularidades y por si fuera poco, formularon una política científica basada en creencias propias y revirtiendo la pluralidad.

Desde el inicio del sexenio, la directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, y Tecnologías, María Elena Álvarez-Buylla, hizo suyas las cuestionables motivaciones presidenciales, destruyendo las bases de cooperación y diálogo entre los diversos actores del campo científico. Aprobaron una ley de ciencia de manera cerrada, con múltiples irregularidades e imponiendo una visión particular de la ciencia. También hubo escarceos por modificar las leyes orgánicas de las universidades públicas con la intención de “democratizarlas”. Enrique Graue, rector de la UNAM, acaba de advertir que hay intentos por “moldear” esta institución a modo.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha destruido la gobernanza de la política científica del país. En su lugar, creó instrumentos de un gobierno vertical y unificado cuando esto en ciencia no funciona. El avance del conocimiento depende de la confrontación, del diálogo y de la crítica. Pero al presidente, como líder político conservador y a sus seguidores, les enerva el cuestionamiento por eso reaccionan a éste furiosamente.

Poseen una mentalidad profundamente anticientífica. No es casualidad que según han hecho notar algunos analistas, en los nuevos libros de texto gratuitos se equipara al conocimiento científico con otros. No hay superioridad de uno sobre otro, dirían las vertientes relativistas y postmodernas, más bien “antimodernas” (Habermas), que ahora guían el currículum nacional.

Degradar o relativizar el conocimiento científico es útil para cualquier régimen populista. Es precisamente la ciencia la que nos enseña que la vida tiene múltiples matices, que existe la pluralidad y que la realidad sirve para falsear creencias y teorías. Nada entonces es inmóvil o cierto a primera vista. Gracias a los diversos métodos científicos se puede mostrar, de manera fundada, que las ideas supuestamente “progresistas” de ciertos gobiernos pueden ser equivocadas y regresivas. Por exhibir la mentira, la ciencia está en constante ataque de gobiernos como el de AMLO.

El nuevo golpe a la academia y a la ciencia lo dieron hace unos días. Con base en los nuevos Lineamientos del Sistema Nacional de Posgrado (SNP), el Acuerdo de Áreas y Temas, y un controversial proceso conducido por la Junta de Gobierno de Conahcyt, éste recortó las becas de estudiantes para posgrado. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Querétaro perderá 23 de sus programas registrados en el SNP y, con ello, las y los estudiantes no podrán recibir el apoyo monetario.

En respuesta, la UAQ va a proceder en “términos legales” y en “legítima defensa de los intereses de la comunidad”. Habrá que unirnos. La academia está bajo ataque del gobierno.