No conforme con los problemas derivados de la elaboración y distribución de los libros de texto gratuitos, el gobierno federal abrió otro frente de conflicto y confrontación con la comunidad universitaria y científica del país. El miércoles pasado se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos del Sistema Nacional de Posgrado (SNP) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).
Este ordenamiento tiene el objetivo de “establecer los criterios de clasificación de los programas de posgrado, regular los mecanismos para su registro en el Sistema Nacional de Posgrados y definir las obligaciones del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, así como de las universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del país”. El documento es breve, repetitivo y lleno de contradicciones y criterios arbitrarios.
Aunque en sus considerandos establece “que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia” y que “el Estado mexicano garantizará el acceso universal a becas”, la aplicación de estos lineamientos podría dejar afuera a 143 estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, por ejemplo. https://fb.watch/mx5t5_xJ14/ Además, hay riesgo de que 40% de nuestros programas de posgrado sean excluidos del SNP y con ello, se cancelen las oportunidades de formación de cientos de jóvenes.
La razón de esto se debe, por un lado, a la reclasificación que hizo el Conahcyt de los programas de posgrado. Con base en tres criterios meramente numéricos y uno que trata de imponer la gratuidad a las instituciones de educación superior (IES), el Consejo cambió la categoría de los posgrados que antes eran clasificados como de investigación a profesionalizantes. Con esto, la restricción de becas se justifica porque, según los nuevos lineamientos, los de investigación son prioritarios para recibir beca. Cambiar los criterios de evaluación de manera abrupta y sin considerar los resultados de los programas de posgrado es una arbitrariedad.
Ante esto, también cabe preguntar si imponer la gratuidad a las IES por medio de estos nuevos lineamientos no va en contra de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución. Este es un tema que tendría que ponerse sobre la mesa del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces), el cual se constituyó como un espacio de “deliberación” que puede opinar y “formular propuestas” en relación con los programas nacionales como el de posgrado.
Pero hay un tema aún más preocupante. Con base en la impugnada Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI), la Junta de Gobierno del Conahcyt, que es un órgano mas bien gubernamental y oficialista, puede decidir qué áreas y temas del conocimiento son “prioritarios” para el país y entonces destinarle recursos y los que no les gustan, castigarlos. Este es el caso de la Maestría en Comunicación y Cultura Digital de mi facultad o la de Ciencia y Tecnología de Alimentos cuyo reconocimiento era de nivel internacional pero ahora, bajo la visión de María Elena Álvarez-Buylla, está fuera del SNP. De un plumazo borraron el trabajo científico y colectivo que tomó años construir. Es por lo tanto urgente ampararse y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise el recurso de inconstitucionalidad de la LGHCTI.
No a la arbitrariedad y a la política científica basada en ocurrencias.
