Que la calidad del debate público en México es variable y a veces, rudimentario. Una de las ventajas de este proyecto de evaluación internacional es que sus resultados no se expresan en calificaciones, sino en lo que una persona de 15 años puede saber y hacer con el conocimiento acumulado durante sus años de estudio previos. Esto, por lo tanto, demanda una comprensión y opinión muy distintas a las que podrían derivarse de otros exámenes, igual de valiosos, pero alineados al currículum. PISA entonces interpela a los sistemas educativos en su conjunto y a las diversas sociedades donde éstos operan.
¿Qué sé y puedo hacer con lo que he aprendido en un trayecto de mi vida escolar en comparación con otros? Ésta es la pregunta central que PISA busca responder y como todo ejercicio de evaluación, es limitado. Reconocer ventajas y limitaciones es un ejercicio intelectual que cualquier ciudadano puede desarrollar si recibe una educación que lo haga pensar por sí mismo, distinguir entre argumentos y opiniones y cuestionar, con información, creencias y prejuicios.
Desarrollar esta valiosa competencia, repito, depende de cómo las sociedades funcionan y se organizan. Si esto es verdad, hay entonces una “responsabilidad pública” sobre la educación que todas y todos tenemos. Los resultados de PISA interpelan por igual a los ministros de educación Federal y locales que al docente, al líder sindical, a la madre y padre de familia, al periodista, al legislador, así como, a la comunidad de investigadores, intelectuales públicos y agencias de evaluación con “autonomía de decisión”.
Cuando México era una democracia (frágil, pero democracia), el proyecto de PISA era responsabilidad del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la narrativa de la responsabilidad pública sobre la educación existía. Ahora que somos un “régimen híbrido”, es decir que nuestro sistema político combina elementos autoritarios con democráticos, pues el INEE ya no existe; lo extinguieron para en su lugar crear una comisión (Mejoredu) que decidió aplicar la “política del avestruz”. Rehusó pronunciarse públicamente al respecto sobre los resultados de esta prueba u organizar alguna mesa de análisis para enriquecer el debate público, aun cuando tiene entre sus atribuciones legales “coordinar el Sistema Nacional de Mejor Continua”. Se lavaron las manos.
Quizás esta renuencia se explica porque ahora el proyecto de PISA es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que a su vez, le pasó la tarea de aplicar la prueba al Ceneval que lo hizo técnicamente bien. ¿Cuál fue entonces la posición oficial? La SEP reconoce que sí hay “retos” en Matemáticas, Español y Ciencias pero no se advierte algún intento por cultivar una narrativa que señale que todas y todos tenemos una responsabilidad sobre cómo formamos a la niñez y juventud mexicana. El gobierno de la Cuarta Transformación, se sugiere, ya se hace cargo.
