El suceso de violencia de alto impacto en el restaurante -bar Los Cantaritos el pasado 9 de noviembre por la noche donde, según información oficial federal, la lucha entre dos bandas criminales a saber: el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) dejó un saldo de diez muertos y once heridos. El ataque fue perpetrado por el CSRL con el uso de armas largas, las cuales son de uso exclusivo de las fuerzas armadas. El caso es inédito en la capital queretana.

Por otra parte, información intensa y abundante se ha dispersado en las redes sociales sobre el hecho en cuestión, donde en la búsqueda de un objetivo criminal al mismo tiempo fueron masacrados civiles sin distingo alguno. A contrapelo, el discurso falaz e hipótesis especulativas ya fueron contenidas por el área correspondiente del gobierno federal. En consecuencia, la información, opinión y análisis científico exige ser consecuentes a través de datos veraces y objetivos. Lo real y, por lo pronto, es un hecho que Querétaro ya es parte de la disputa abierta entre criminales organizados por la plaza.

Sin embargo, frente al riesgo de desbordarse el fenómeno de la violencia criminal, los ciudadanos, el gobierno estatal y municipal están obligados al acercamiento para generar un sistema de cuidados y seguridad de los habitantes de la región. La prevención de la violencia sólo es posible desde la organización de los ciudadanos por medio de políticas públicas cercanas a los mismos.

Para ese efecto, es importante recordar el acontecimiento del impacto de la pandemia en Querétaro donde la familia rural y urbana sufrió fisuras en entornos como el desempleo del hombre-proveedor y, ante lo cual, el ama de casa salió a la búsqueda de un empleo para la sobrevivencia, además de hijos descuidados a lo cual se sumó la violencia de género, contra la niñez, el aumento del alcoholismo y consumo de drogas. De igual forma, se suma la violencia en la calle no solo en zonas marginadas o abandonadas sino también en el corazón mismo de los centros urbanos. Y así sucesivamente…

La pandemia y postpandemia deterioró a la familia y la cohesión social en el zonas urbanas, suburbanas y comunidades rurales e indígenas. Este fenómeno es el caldo de cultivo para el desborde de la violencia estructural. Para contener ese efecto, la gubernatura y las presidencias municipales son interpeladas para resguardar la seguridad y el cuidado de los habitantes. La interpelación va directo a la ética y a la moral. Es relevante elaborar bases de datos netamente de ciudadanos y no solo policiales y/o inteligencia. Tampoco es viable interpelar a los ciudadanos para la denuncia de criminales. Convertir a los ciudadanos en soplones es atentar contra sus vidas.

Es la hora de construir la convivencia social y comunitarias que necesita el estado de Querétaro, sin retórica y demagogia, a partir de un enfoque científico-social recurriendo a la investigación de innovación ya que los diagnósticos imperantes en estos momentos no bastan y ya no son útiles. La naturaleza de la sociedad queretana se alteró con la pandemia y postpandemia ante lo cual se precisan nuevos paradigmas y modelos de intervención social para diseñar y construir la arquitectura de una nueva identidad queretana para una convivencia social segura y en paz. Aún podemos convivir juntos en un nuevo orden social. No es mucho pedir...