La Lista Nominal de Electores, de acuerdo con el INE, es de 93 millones 597 mil 559 ciudadanos. Si es necesaria la participación de por lo menos 40% de quienes estamos inscritos en ella para que el resultado de la primera consulta popular constitucional en la historia del país sea de aplicación obligatoria -como lo establece la Carta Magna en la fracción octava de su artículo 35-, eso significa que tendrán que votar el próximo domingo al menos 37 millones 439 mil 23 ciudadanos. Si la participación es menor a ese número de sufragios, el resultado no será vinculatorio.
En las elecciones federales intermedias del pasado 6 de junio votaron 49.1 millones de ciudadanos; en las presidenciales de 2018, lo hicieron 56.6 millones; en las intermedias de 2015, 39.8 millones; en las presidenciales de 2012, 50.1 millones; en las intermedias de 2009, 34.6 millones; en las presidenciales de 2006, 41.7 millones; en las intermedias de 2003, 26.7 millones; y en las presidenciales de 2000, 37.6 millones.
Como se aprecia, las elecciones presidenciales siempre tienen mayor participación que las intermedias, ya que despiertan mayor interés en la ciudadanía. Entre las ocho aquí referidas, dos, ambas intermedias (2009 y 2003), han tenido una participación menor a los 37.4 millones de votos requeridos para que la Consulta Popular del próximo domingo sea de aplicación obligatoria; otras tres -una intermedia (2015) y dos presidenciales (2006 y 2000)- han superado por poco ese número de votos; y tres más -una intermedia (2021) y dos presidenciales (2018 y 2012)- registraron una participación ciudadana notablemente mayor.
Lo que estas cifras sugieren es que será difícil alcanzar el domingo esos 37.4 millones de votos, aunque no imposible. Todo dependerá del interés que haya despertado entre la ciudadanía esta consulta constitucional sin precedente.
Que jamás alcanzará la participación requerida por la ley y esperada por el gobierno, es el más reciente argumento de quienes la descalifican en seguimiento de otros: que la ley no se consulta; que la pregunta es “cantinflesca”; que por qué no se incluye al actual gobierno; y que es un proceso muy costoso e innecesario.
Es cierto que la aplicación de la ley no se consulta, pero acaso en México ¿se ha aplicado con estricta justicia en su historia reciente? ¿No ha sido una desesperada queja la ofensiva impunidad en que hemos vivido y una humillante bofetada la que ha favorecido a quienes por casi medio siglo nos han gobernado? ¿Es posible creer en una justicia que –alce la mano quien lo niegue- se incorporó al aparato de protección política y económica del régimen?
Esta Consulta Popular, en apego a la Constitución, fue convocada por el Congreso de la Unión a petición de la Presidencia, uno de los tres posibles solicitantes. La pregunta formulada se enfocó en “investigar y en su caso sancionar” a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por presuntos delitos cometidos “antes, durante y después de sus respectivas gestiones”. Tocó a la Corte –conforme al procedimiento legal- dictaminar la constitucionalidad de la pregunta. No avaló la inicialmente formulada y la cambió, para darle ese carácter constitucional, quitando los nombres de los expresidentes para generalizar en “actores políticos del pasado”, y replanteando que de lo que se trata es de emprender “un proceso de esclarecimiento”.
¿Es “cantinflesca” la pregunta? Parece claro que lo que busca es dar cauce a la también añorada y exigida participación de la gente para que diga si quiere aproximarse a una verdad que sería punto de partida para suturar heridas que impiden reconciliarnos; rescatar esa verdad y evitar que se filtre y desaparezca en los agujeros de la memoria que todo régimen totalitario impone para garantizar su subsistencia, como advirtió en su momento el novelista británico George Orwell.
“¡Que se juzgue también al actual gobierno!”, claman otros. Pues sí, que también se le juzgue. Será menos complicado ya que AMLO abolió y ya no es beneficiario del fuero que protegió a sus antecesores contra delitos del ordencomún.
¿Cuánto cuestan la verdad o la justicia? Se trata de valores que no tienen precio, por lo que no tienen referente para saber si son muy costosos o innecesarios.
Quienes descalifican a la Consulta Popular del domingo próximo ¿por qué no llaman a votar por el No, en lugar de convocar a la no participación? ¿A qué le temen, a que la gente hable en número suficiente para que diga tenga fuerza de ley? ¿O será que un Sí por esclarecer la verdad sería la puntilla del viejo régimen? Si lo que busca AMLO es que la gente diga si vamos o no a tocar a los intocables, bueno sería que el Presidente no se asumiera como uno de ellos con sus andanadas mañaneras contra el periodismo crítico de su gobierno.
Instantáneas:
1. ¡QUÉ NECESIDAD! Fuentes de la Presidencia dijeron ayer que el evento que AMLO encabezará el próximo sábado para supervisar la construcción de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, en Sinaloa, tendrá carácter privado. Fue cerrada a la prensa la visita al municipio natal de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, mismo en el que el pasado 29 de marzo de 2020, el Presidente saludó a la madre de 92 años del narcotraficante convicto en una prisión de Nueva York, imagen que se hizo viral en redes sociales y dio lugar a todo tipo de especulaciones. Según las fuentes, que no explicaron por qué se cerró el evento, ni siquiera tendrán acceso los camarógrafos del CEPROPIE y los fotógrafos de la Presidencia que normalmente hacen el seguimiento del primer mandatario. ¿Cuál es la necesidad de esos misterios? Decisiones como esas, mal comunicadas, dan lugar a todo tipo de interrogantes. ¿Hay alguna preocupación de seguridad en un territorio del narcotráfico? ¿Volverá a hablar con la mamá de “El Chapo”? ¿Con quién o quienes se va a reunir? O ¿solo pretende evitar tergiversaciones maliciosa e inevitablemente vinculadas a la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del capo del cártel de Sinaloa, en octubre de 2019? El vocero presidencial Jesús Ramírezaclaró anoche que los eventos de la gira serán abiertos el viernes y el sábado (incluido el de Badiraguato) y cerrados el domingo por la Consulta Popular.
2. EXTRAORDINARIO QUE NO TRANSITA. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión no pudo alcanzar otra vez la mayoría calificada para que este jueves se lleve a cabo el período extraordinario que votaría el eventual desafuero del diputado del PT, Mauricio Toledo, y del de Morena, Saúl Huerta. La oposición argumentó que Morena añadió al dictamen correspondiente asuntos no consensuados como la ratificación de los nombramientos de los secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino; así como la modificación de un artículo transitorio de la Reforma Laboral para ampliar del primero de agosto a primero de septiembre la entrada en vigor de las nuevas disposiciones en materia de subcontratación (outsourcing). El dictamen fue regresado finalmente a comisiones por lo que la posibilidad de este extraordinario sigue vigente. Ricardo Monreal, en su calidad de presidente de la JUCOPO del Senado, dijo que seguirá buscando consensos. El tema es que, en materia de outsourcing el tiempo apremia pues la entrada en vigor sería el próximo domingo.
3. REACTIVACIÓN. Un plan de reactivación económica de la ciudad de México fue presentado el lunes pasado por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Su secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar, detalló que tiene diez ejes en los que se privilegian las acciones coordinadas entre las autoridades, la iniciativa privada y la ciudadanía. Sheinbaum parece tener claro que se necesita de todo para retomar el desarrollo económico de una ciudad que ha sufrido importantes afectaciones por la pandemia de la Covid-19.
rrodriguezangular@hotmail.com
@RaulRodriguezC
www.raulrodriguezcortes.com.mx
