Nuestro país experimentó un proceso intenso de urbanización durante el siglo XX y los primeros años del XXI. De acuerdo con el Catálogo del Sistema Urbano Nacional de 2012, México contaba, en 1900, con únicamente 33 ciudades de más de 15 mil habitantes. En ellas residían 1.4 millones de personas; es decir, 10.4 por ciento del total poblacional. En contraste, en 2005 existían 358 ciudades con 65.6 millones de personas; esto es 70 por ciento. Así, nuestra nación ha adquirido un perfil predominantemente urbano.
Dicha dinámica poblacional ha ejercido una presión constante sobre la calidad del aire. Tan sólo entre 2010 y 2013, se estima que la contaminación de éste generó costos aproximados de 14 mil millones de pesos, de los cuales 11 mil 500 están asociados a pérdidas de productividad en la economía y 2 mil 500 a gastos en salud por muertes prematuras y hospitalizaciones para atender diversos problemas respiratorios y cardiovasculares de los residentes de las zonas urbanas.
Uno de los factores más evidentes de contaminación ha sido el crecimiento excesivo del parque vehicular. Actualmente se venden más de 1 millón de vehículos nuevos por año. A éstos hay que sumarles los coches usados que ingresan con la finalidad de regularizarse en territorio nacional. Tan sólo entre 2005 y 2012, se sabe que entraron más de 8.5 millones de unidades, provenientes, en su mayoría, de Estados Unidos y Canadá.
El uso indiscriminado del automóvil particular ha sido alentado por la ausencia de políticas integrales de transporte y movilidad urbana. Las contingencias ambientales que se vivieron recientemente en la Ciudad de México o el progresivo empeoramiento de la calidad del aire en ciudades como Mexicali, Cuernavaca, Monterrey o Tijuana, entre otras, que registran tasas elevadas de hospitalizaciones y consultas médicas atribuibles a la contaminación, son señales claras de que algo se está haciendo mal.
Hoy, más que nunca, resulta primordial que la población tenga acceso a sistemas de transporte eficientes y a una infraestructura urbana acorde con ellos que, por una parte, haga realidad el derecho de la movilidad para todos y, por otra, contribuya a la descarbonización de la economía y al cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por México en materia de cambio climático.
Es por ello que el Partido Verde propone la iniciativa que tiene por objeto fomentar el transporte sustentable urbano y suburbano público, complementándolo con otros medios de transporte amigables con el medio ambiente. Entre lo propuesto destaca: 1) crear la Comisión Nacional de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano, la cual será una instancia de coordinación de acciones entre los tres órdenes de gobierno, 2) constituir el Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Urbano y Suburbano que se integrará como un fideicomiso, 3) determinar que se recaudará la cantidad de 5 centavos por cada litro de gasolina vendido a fin de monetizar a dicho Fondo, 4) precisar las regulaciones que tendrán el transporte urbano y suburbano, y 5) señalar que el Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias, emitirá normas y disposiciones o revisará, al menos cada cinco años, las vigentes, a fin de reducir la contaminación y la emisión de gases con efecto invernadero del transporte, así como elevar su eficiencia energética
“El progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las cosas tal como siempre las ha hecho”. Wayne Walter Dyer.
Dirigente estatal de PVEM
