El Senado de la República ha iniciado los trabajos formales para construir una Ley General de Inteligencia Artificial en México. Lo hace a través de la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial, presidida por el senador Rolando Zapata Bello y con la participación del senador queretano Agustín Dorantes, quien también ha impulsado iniciativas clave como la Ley Kuri.
Esta comisión no parte de cero: ya ha celebrado conversatorios con especialistas y sectores productivos, reconociendo que la inteligencia artificial no es solo una herramienta tecnológica, sino una transformación estructural que impacta la economía, el empleo, la propiedad intelectual y los derechos humanos.
México tiene antecedentes útiles, como la Ley Fintech de 2018, que abrió el camino a más de 650 startups y posicionó al país como referente regional en inclusión financiera.
Esa experiencia nos enseñó que legislar con visión puede detonar ecosistemas de innovación y generar nuevas oportunidades económicas.
Pero en esta ocasión, el desafío es aún mayor: si no ponemos a los trabajadores, creadores y estudiantes al centro de la ley, corremos el riesgo de generar exclusión bajo la apariencia de modernidad. No se trata solo de regular la tecnología, sino de imaginar qué tipo de sociedad queremos construir con ella.
En otras partes del mundo ya hay avances importantes. La Unión Europea aprobó el año pasado su AI Act, que clasifica sistemas por nivel de riesgo y prohíbe usos que atenten contra derechos fundamentales, como la vigilancia biométrica masiva o la manipulación emocional de menores.
Japón, por su parte, ha destinado más de 700 millones de dólares a capacitar a su población frente a la automatización. México no puede quedarse atrás: más del 70% de nuestros empleos podrían ser transformados por la IA en los próximos años, pero también podríamos generar más de tres millones de nuevos empleos si invertimos en talento, infraestructura digital y regulación inteligente. Una ley de inteligencia artificial debe ser una herramienta para proteger la creatividad humana, impulsar la innovación nacional y garantizar que ningún grupo quede excluido de esta transición.
Que esta nueva legislación no responda solo a las grandes plataformas tecnológicas ni a la lógica del capital, sino al interés público. Que legislemos con una brújula ética clara: una inteligencia artificial al servicio de las personas.
