La propuesta de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha despertado una ola de reacciones encontradas en todo el país. Con la promesa de democratizar y transparentar el sistema judicial, la iniciativa incluye medidas tan radicales como la elección popular de jueces, magistrados y ministros, y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en favor de un nuevo Órgano de Administración Judicial. Sin embargo, la verdadera pregunta que debemos hacernos es: ¿Estamos realmente avanzando hacia una justicia más accesible y democrática, o estamos arriesgándonos a politizar una de las instituciones más cruciales de nuestro sistema democrático?
El Ideal Democrático. En un principio, la idea de que los ciudadanos elijan directamente a sus jueces y magistrados parece un paso lógico hacia una democracia más participativa. Según la Secretaría de Gobernación, esta reforma busca reducir la corrupción y aumentar la transparencia dentro del Poder Judicial, permitiendo que los jueces rindan cuentas directamente al pueblo. Esto, en teoría, fortalecería la legitimidad de la justicia en México, haciendo que los ciudadanos sientan que tienen un control directo sobre quienes interpretan y aplican las leyes.
Riesgos de la Politización. No obstante, figuras destacadas del ámbito jurídico, como Ignacio Burgoa Orihuela, siempre subrayó que la independencia judicial es fundamental para asegurar que la justicia no esté sujeta a presiones políticas. La elección popular de jueces, si bien democrática en apariencia, podría abrir la puerta a que estos funcionarios sean influenciados por intereses partidistas o populistas, en lugar de actuar de acuerdo con los principios legales y constitucionales.
Impacto Económico. Más allá del ámbito jurídico, esta reforma también podría tener consecuencias significativas en la economía del país. Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda, ha advertido que la percepción de una justicia politizada podría desincentivar la inversión extranjera. Los mercados internacionales valoran la estabilidad y la predictibilidad legal, y cualquier cambio que pueda percibirse como una amenaza a la independencia judicial podría traducirse en una menor confianza y, en consecuencia, en menos inversiones.
Balance. Es indudable que el sistema judicial mexicano necesita reformas. Las acusaciones de corrupción y la percepción de una justicia ineficiente han minado la confianza pública en las instituciones. Sin embargo, la solución no debe comprometer la independencia que es esencial para la administración de justicia.
