Avanza el debate en torno a la propuesta de creación de la próxima Ley de Ciberseguridad en México, uno de los grandes pendientes del Congreso pues desde el 2018 se han presentado 17 iniciativas de leyes sobre ciberseguridad y hasta el momento, ninguna ha llegado a concretarse.
Esta última propuesta fue ingresada por el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputado, Javier López Casarín y consta de 92 artículos, divididos en 8 títulos, con 8 artículos transitorios y es resultado de un trabajo colaborativo, abierto y transparente en el que participó el sector privado, con empresas de software, hardware, redes sociales, así como el sector académico, cámaras y ONG’s.
La propuesta establece cuatro líneas de acción: 1) Garantizar la seguridad nacional mediante la defensa del espacio digital; 2) crear un marco legal que permita sancionar o tipificar los ciberataques, 3) realizar pruebas de “pentesting” anual a las instituciones públicas y privadas y 4) crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad controlada por el Poder Ejecutivo, similar a los modelos seguidos por la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil.
Y aunque existe un gran consenso en la mayoría de los puntos que se han discutido sobre este nuevo ordenamiento, no deja de ser un tremendo reto en materia de diseño legislativo y técnica parlamentaria por las implicaciones normativas que representa para otros ordenamientos legales.
En este sentido han surgido también importantes voces de organizaciones como la Cámara de Comercio Internacional (ICC), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), entre otras, que en un reciente comunicado advierten sobre la necesidad de una mayor revisión y más profundo estudio de la iniciativa.
Entre sus argumentos destacan que la propuesta incluye diversas omisiones, redacción confusa, términos ambiguos y nuevas facultades para las fuerzas del orden que podrían poner en riesgo los derechos fundamentales de los mexicanos en términos de seguridad, privacidad y libertad de expresión.
Ante este panorama es importante tener presente que, de aprobarse, esta ley marcará la pauta para el funcionamiento de mucha de la infraestructura digital con la que ya cuentan gobiernos, dependencias, instituciones de educación y empresas privadas, que requerirán de un mayor presupuesto y talento humano especializado para cumplir con las nuevas normativas.
En estos momentos la iniciativa se encuentra en discusión por las comisiones de Seguridad Ciudadana, así como de Ciencia, Tecnología e Innovación, y para opinión de Defensa Nacional además de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, por lo que se vuelve un tiempo oportuno para que también los gobiernos locales, la iniciativa privada y el sector académico se involucren, entren en la discusión y propongan las mejores ideas para fortalecer esta iniciativa.
