México está en una encrucijada económica. Aunque aún no puede hablarse de una recesión en términos técnicos, los datos recientes apuntan a una desaceleración económica que, de no corregirse, puede convertirse en una contracción más profunda. La caída del PIB en el primer trimestre del año (-0.7%) y la información del Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC) del INEGI reflejan un debilitamiento del dinamismo económico. La única señal de resistencia proviene del sector servicios, que creció 2.56% en enero, su mayor alza mensual desde marzo de 2022. Pero su resiliencia tiene un límite: si el consumo se frena por menor confianza del consumidor, inflación persistente o aumento en el desempleo, la caída sería inminente.
El problema no es solo interno. La economía mexicana enfrenta presiones desde el exterior. La reciente amenaza de aranceles del 25% por parte del presidente Donald Trump ya ha generado incertidumbre en los mercados y podría enfriar la inversión extranjera. La ralentización en economías clave como China y Europa también añade presión, al igual que un endurecimiento de las condiciones financieras internacionales que limita el acceso a crédito barato.
Por el lado de la demanda, todos los componentes del PIB están bajo presión. El consumo privado muestra signos de agotamiento. La inversión sigue siendo el eslabón más débil en un entorno donde la confianza empresarial no se ha recuperado del todo. El consumo gubernamental enfrenta restricciones fiscales, con márgenes muy estrechos debido a la obligación de cumplir compromisos constitucionales de gasto. Las exportaciones, uno de los motores más importantes de la economía, dependen del mercado estadounidense, cada vez más volátil.
Para las y los ciudadanos, esta desaceleración se traducirá en menos oportunidades de empleo formal, salarios que difícilmente crecerán por encima de la inflación y un poder adquisitivo deteriorado. Si la tendencia persiste, podríamos ver un aumento en la informalidad y un freno en la movilidad social. Además, las tasas de interés, aunque en proceso de reducción gradual, podrían no bajar tan rápido como se esperaba, encareciendo el crédito para familias y empresas, afectando desde la compra de una vivienda hasta la liquidez de pequeños negocios.
El gobierno enfrenta un dilema complejo. La reducción del déficit es una prioridad, pero sin inversión pública estratégica, la economía corre el riesgo de caer en una espiral de bajo crecimiento. La iniciativa privada jugará un papel clave, pero sin certeza jurídica, infraestructura moderna y condiciones de seguridad favorables, el capital buscará mejores destinos. México necesita generar confianza y diseñar políticas que incentiven la inversión sin comprometer la estabilidad fiscal.
Aún hay tiempo para evitar una recesión prolongada, pero la ventana de oportunidad se cierra rápido. Se requiere disciplina fiscal, eficiencia en el gasto público y, sobre todo, un entorno donde la inversión pueda florecer. La pregunta no es si habrá recesión, sino si el país está preparado para mitigarla o, en su defecto, hacerla lo menos dolorosa posible.
@RubenGaliciaB
