La semana pasada, en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dieron a conocer los trámites y requisitos que serán eliminados a lo largo del año, atendiendo a la recién publicada Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción. En el centro de esta estrategia nacional está la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, un organismo creado en esta administración con la misión de hacer del gobierno una entidad más ágil, eficiente y, sobre todo, digital.
La apuesta es ambiciosa y responde a una realidad frustrante: en México, un ciudadano debe completar en promedio 486 trámites a lo largo de su vida, entregando una y otra vez los mismos documentos. Basta con pensar cuántas veces se nos ha solicitado un acta de nacimiento en original y copia cuando es el mismo gobierno quien la expide. Esta repetición de procesos no solo desperdicia tiempo, sino que también abre la puerta a la corrupción.
Con más de 350,000 trámites en todo el país (7,000 a nivel federal, 523 en los estados y 144 en los municipios) el desafío no será nada sencillo. Entre los primeros trámites que se verán modificados están:
Registro de nacimiento o doble nacionalidad (Secretaría de Relaciones Exteriores): de 9 a 3 requisitos.
Expedición de pasaportes: de 7 a 3 requisitos.
Concesión de aguas superficiales (Conagua): de 17 a 3 requisitos.
Registro Nacional de Turismo: de 5 a 2 requisitos.
De la mano de este anunció se presentó también el Centro Nacional de Tecnología Pública (CNTP), una iniciativa sin precedentes que busca dotar al gobierno de herramientas tecnológicas propias. Este modelo innovador contempla tres pilares clave:
Un repositorio de código abierto, permitiendo que cualquier nivel de gobierno implemente desarrollos tecnológicos sin depender de empresas privadas.
Acompañamiento técnico y normativo de la ATDT a estados y municipios para adaptar sus marcos regulatorios a la era digital.
Una Escuela Pública de Código para capacitar a funcionarios en tecnología y asegurar que los sistemas digitales se mantengan actualizados y operativos.
Este esfuerzo coloca a México en la vanguardia de la digitalización gubernamental. Sin embargo, el éxito de esta reforma dependerá de qué tanto los gobiernos estatales y municipales se sumen al impulso nacional.
Este proceso de digitalización no es solo una cuestión de voluntad política, sino un reto técnico y organizativo que demandará una reconfiguración profunda de los gobiernos. La digitalización gubernamental es una gran oportunidad para reducir costos operativos, aumentar la transparencia y mejorar la eficiencia del servicio público. Sin embargo, si los gobiernos locales y estatales no avanzan en la adopción de estas herramientas, el proyecto quedará fragmentado y desigual. La pregunta ya no es si la burocracia debe digitalizarse, sino si las administraciones locales están preparadas para liderar esta transición o si permanecerán como un lastre en la modernización del Estado.
@RubenGaliciaB
