“La desobediencia y la resistencia en Querétaro sí las tomamos en serio”: estas palabras, pronunciadas por un oficial de policía al retener a tres estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), reflejan la naturaleza represiva del aparato estatal que se ensaña ante indefensos ciudadanos, pero cuando hay que enfrentar a los criminales, no entregan resultados.

La historia comienza en el evento internacional de la ONU Hábitat, donde tres estudiantes —dos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y una de la Facultad de Derecho— se manifestaron en favor de la paz en Palestina.

En ese momento, la protesta era un acto simbólico. Sin embargo, cuando estos jóvenes se dirigían de regreso a la Universidad, la situación dio un giro. Fueron interceptados por la Policía Estatal, que los detuvo y los obligó a bajar del vehículo.

Abel González Sánchez, de la PoEs, en un intento por justificar lo injustificable, alegó que la inspección se debía a una llamada que alertaba sobre un “paquete” sospechoso que al final de cuentas resultaron ser unos libros. Argumento burdo que muestra la creciente tendencia represiva del gobierno kurista.

La Policía Estatal ha mostrado más de una vez su verdadero rostro represor como en la protesta en la Avenida 5 de Febrero, donde ciudadanos se manifestaban por su derecho al agua. En lugar de recibir una respuesta acorde a sus demandas, lo que obtuvieron fue represión. La misma brutalidad fue exhibida en Escolástica, un episodio que evidenció hasta qué punto la policía está dispuesta a reprimir a aquellos que alzan la voz.

Es importante recordar que la Defensoría de los Derechos Humanos ha emitido recomendaciones en contra de estos actos.

Curiosamente, esta misma policía que se muestra implacable frente a manifestaciones pacíficas, es la misma que se ve rebasada cuando se enfrenta a los malosos. Basta recordar el episodio del Estadio Corregidora, donde el 5 de marzo, la falta de un operativo adecuado provocó un violento enfrentamiento entre barras de futbol que dejó en evidencia la incompetencia de las autoridades.

Peor aún, en el mes de octubre, Querétaro ha sido testigo de al menos 15 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado. Y en lugar de asumir responsabilidad por su incapacidad, las autoridades culpan al gobierno de Claudia Sheinbaum por el incremento de la violencia. Esta actitud evasiva revela la verdadera prioridad de las fuerzas de seguridad: no es la protección de los ciudadanos, sino la represión de aquellos que se atreven a alzar la voz.

En tanto, la UAQ, a través de su rectora y la FCPS, ha manifestado su rechazo a este actuar represivo y se ha pronunciado por la defensa de los derechos humanos. Lo que está en juego es el derecho a la libertad de expresión, un derecho que parece ser visto como una amenaza para el aparato gubernamental.

Periodista y sociólogo. @viloja