Según la Academia Mexicana de la Lengua, “traer de bajada” a alguien implica aprovecharse de una situación desventajosa para tomar a esa persona por sorpresa; pues bien, el gobernador Mauricio Kuri dice que a diario así se trae a Grupo Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) por no terminar a tiempo Paseo 5 de Febrero. Sin embargo, todo es una ironía punzante: en realidad, el gobernador Kuri y sus amigos de ICA son quienes traen “de bajada” a todo Querétaro con el retraso en la obra que genera ya ruido y furia entre los queretanos.

El bono democrático que Kuri obtuvo en la urnas lo ha desperdiciado con el cobro de nuevas placas, con represión a protestas pacíficas por el derecho al agua y el incremento de hechos delictivos y, para complementar el desastre, la lentitud con que avanza la construcción de 5 de Febrero podría significar que en las elecciones los ciudadanos agarren “de bajada” a su partido.

El góber arriesgó el resto de su capital político en la finalización de Paseo 5 de Febrero para agosto de 2023, apenas un año después de su comienzo.

El segmento de la salida a Tlacote es el talón de Aquiles del proyecto. El gobernador atribuyó los retrasos a infraestructuras subterráneas no señaladas en los planos originales. En un giro que parece sacado de una estrategia de propaganda, optó por informar de este contratiempo a la ciudadanía y desembolsar más de 70 millones de pesos en una campaña publicitaria de tres semanas. Curiosamente, este esfuerzo de comunicación se enfocó en medios nacionales más que en los locales, lo que implica que el objetivo era menos informar a los afectados directamente y más construir una imagen a nivel nacional.

¿Gastar 3.3 millones de pesos diarios, es un uso prudente de los recursos públicos o una maniobra de distracción costosa y calculada? La inversión en esta campaña, lejos de ser una medida informativa, parece ser un movimiento con tintes de autopromoción, que deja a los ciudadanos con más preguntas que respuestas.

Con el paso de los meses, la desesperación y frustración ha ido en aumento. Frente a esta creciente ola de justa indignación, Kuri adopta una postura defensiva y atribuye la responsabilidad a Grupo ICA, los encargados de la construcción.

Señalar culpables no es suficiente. Ya cámaras empresariales ya han planteado la necesidad de sanciones, las cuales, según cálculos periodísticos, podrían oscilar desde los simbólicos cinco mil pesos hasta una multa significativa de más de quinientos millones de pesos. ¿Cuál es el verdadero costo del descontento ciudadano?

Con las elecciones en puerta, ¿logrará reconducir la situación a su favor?, ¿o será este proyecto inacabado un reflejo de una gestión marcada por la falta de previsión?

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