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El coordinador de la bancada del PRI, Braulio Guerra Urbiola informó que con la reforma a la Ley de Cuenta Pública Gubernamental se busca “atar de manos a los municipios para que no adquieran deudas que extralimiten sus recursos”.
El priista explicó que esta nueva disposición busca colocar candados para que las demarcaciones no adquieran préstamos que generen boquetes financieros al final de la administración.
Precisó que actualmente la ley solo contempla que los préstamos que excedan los tres años de gestión serán aprobados por la Legislatura, pero, en cambio, si se solicita un préstamo que sea susceptible de pagarse durante la actual administración, sólo tiene que ser aprobado por Cabildo.
Ante esto, indicó que se buscará que todas las solicitudes de empréstito sean aprobadas por el Congreso local.
“En este momento cualquier municipio que adquiera un crédito dentro de su periodo constitucional, y que sea pagadero dentro de su periodo como ayuntamiento, lo puede adquirir sin aprobación de la cámara, sin importar que ya esté endeudado pero que tenga como plazo de pago el periodo constitucional de tres años”, manifestó.
El legislador precisó que dentro de esta reforma se buscará estipular sanciones; sin embargo, dijo que lo que se busca es prevenir más que castigar.
Detalló que primero se deberá reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, para que ellos posteriormente puedan hacer las reformas locales sino, indicó, se incurriría en un acto de inconstitucionalidad.
“Viene de la mano de dos proyectos; uno, de la Ley de Contabilidad Gubernamental que es federal y que estamos esperando su iniciación de vigencia, y a la par también las leyes que el Congreso de la Unión va a emitir en materia de responsabilidad y de deuda pública”.
Asentó que también viene en camino una reforma constitucional al artículo 115 en la que se implementarán mecanismos desde la federación para que se controlen los topes, los montos, las características, los requisitos, la estructuración de pagos y una serie de conceptos que permitan que los ayuntamientos, de manera responsable, puedan adquirir empréstitos
