La Comisión Instructora de la 58 Legislatura de Querétaro mantiene hasta el momento cinco procedimientos de juicio político abiertos durante la actual administración, informó Mauricio Ortiz Proal, diputado presidente de dicho organismo en el Congreso local.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recordó que los expedientes rezagados de la anterior administración ya fueron concluidos y precisó que actualmente sólo se atienden señalamientos a autoridades que fueron electas en el periodo de gobierno en turno.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión Instructora se encarga de los asuntos de desaparición de ayuntamientos, revocación de mandato, suspensión o inhabilitación de alguno de sus miembros; sin embargo, es la única que sesiona de forma reservada y en la que sus integrantes están obligados a guardar reserva de los asuntos que se traten.
“Debemos tener alrededor de cinco expedientes y cuatro pendientes, y reitero, al menos cada dos semanas se está ingresando alguno y son sujetos a una exhaustiva investigación y análisis para determinar su procedencia o no… hay que analizar los expedientes, algunos son muy voluminosos, para determinar la procedencia o improcedencia y las pruebas que acompañan a éstos”, refirió el diputado priista.
Posterior a la promulgación de la Ley de Juicio Político en el estado, Ortiz Proal advirtió que al no contar con la fecha exacta del ingreso de los expedientes, no podría determinar si alguno de los cinco expedientes interpuestos contra servidores públicos será analizados por la nueva legislación.
En mayo de este año, el Congreso local aprobó la Ley de Juicio Político en el estado, la cual establece que los imputados deberán comparecer ante la Legislatura local y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), instancia encargada de emitir una sentencia.
En este sentido, Ortiz Proal dijo que estos cinco expedientes deberán ser analizados, pues dijo que dependiendo de la fecha y los hechos que se les acusen, se determinará qué legislación es la aplicable.
Agregó que los servidores públicos inculpados podrán ser juzgados por la normativa actual, en caso de que así lo soliciten; sin embargo, sentenció que si los hechos o actos son normados por la antigua ley, deberá realizarse el procedimiento anterior.
“Dependiendo en qué momento se hayan presentado, pero sobre todo qué imputaciones estén señalando. Más allá de que se presente el juicio político, ahora que hay nueva ley, también tenemos que considerar cuál es el acto administrativo o la violación legal que se está adjudicando y en ese sentido, entender en qué momento supuestamente se llevó a cabo [la sanción] para poder saber qué legislación tiene que ser aplicable”, agregó.
De acuerdo con el dictamen aprobado en mayo, las sanciones aplicables a los funcionarios públicos van desde la destitución del cargo hasta la inhabilitación de uno a 20 años.