Es falso que la mitad de los elementos de seguridad privada que fueron detenidos en el caso de La Laborcilla, por su presunta participación en la muerte de un joven, y lesiones a otro, hayan obtenido su libertad, desmintió el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, Carlos Septién Olivares.
Explicó que al haber sido detenidos por la portación ilegal de armas —un delito del fuero federal—, deberán llevar su procedimiento penal al interior del Centro de Reinserción Social (CERESO), al menos, nueve meses, contrario a lo afirmado por la parte de la representación legal de los habitantes del ejido La Laborcilla, ubicado en el municipio de El Marqués.
“Siguen bajo proceso penal porque como es un delito federal no tienen derecho a salir bajo fianza hasta que acaben su proceso penal, aquí el juez dispone de nueve meses para dictar su sentencia y ellos apenas llevan cerca de tres meses; habrá que esperar a que se tomen todas las pruebas ofrecidas por ellos”, detalló Septién Olivares.