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En el marco de la presentación de la tercera gradualidad de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que arrancó el 30 de mayo en Querétaro, El Marqués y Corregidora, el gobernador Francisco Domínguez indicó que es necesario pasar de los dichos a los hechos, por lo que pidió al equipo del proyecto Cosmos poner a prueba el modelo penal, privilegiando a la víctima y respetando los derechos de los imputados.
“En este momento doy una nueva instrucción a los operadores de Cosmos, a partir de este momento tienen la encomienda de que la justicia oral en Querétaro se vuelva una realidad, de que los medios alternativos de solución de conflictos privilegien la paz, que las víctimas tengan verdad, justicia y reparación del daño y que se respete a los imputados el debido proceso. Confío en sus capacidades y en su condición de servir a Querétaro”, dijo.
En julio de 2015, el gobernador pidió conformar un equipo interdisciplinario para corregir las deficiencias que se registraron en las primeras dos gradualidades, que lograra la tercera y última fase, así como una correcta y eficaz implementación en Querétaro. De ahí, nace el Proyecto Cosmos, que integraron 50 profesionales en la materia.
“Mi instrucción fue clara desde el primer minuto del mes de julio del 2015; darle un lugar prioritario a la transformación en la agenda estatal para que sin excepciones cumpliéramos con la meta federal del 18 de junio de 2016, pero sobre todo, cumpliéramos con la palabra empeñada con los ciudadanos, garantizar una justicia oral sin pretextos”, manifestó.
Antecedentes. En 2008 se aprobó en México la reforma penal para transformar el viejo sistema de justicia mixto por el acusatorio; se dio plazo hasta junio de 2016 para implementarlo en todas las entidades federativas.
El nuevo sistema tiene como base la presunción de inocencia, privilegia la resolución alternativa de conflictos, así como la reparación del daño a la víctima y el respeto de los derechos tanto de las víctimas como imputados.
El estado de Querétaro hizo una serie de adecuaciones para armonizar el marco legal local con la reforma constitucional a nivel federal, por lo que se crearon y modificaron 115 ordenamientos jurídicos.
La primera gradualidad entró en operación el 2 de junio de 2014, en los ayuntamiento de Amealco de Bonfil, Huimilpan, San Juan del Río, Pedro Escobedo y Tequisquiapan.
La segunda inició el 29 de septiembre, en los municipios de Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, Colón, San Joaquín, Tolimán, Peñamiller, Pinal de Amoles, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Arroyo Seco.
Desde los primeros minutos del 30 de mayo entró la tercera y última fase de la implementación en Querétaro, El Marqués y Corregidora, municipios en los que se concentra la mayoría de la población y donde se produce 65% de la incidencia delictiva.
La Titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema, María de los Ángeles Fromow Rangel, reconoció la voluntad y esfuerzo del gobierno de Querétaro para cumplir de manera anticipada cele mandato constitucional.
La funcionaria federal recordó que con Querétaro son 20 entidades federativas las que han migrado al nuevo sistema de justicia penal, lo que significa que más del 92% de la población está bajo este nuevo esquema de impartición de justicia.
