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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa de Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Querétaro.
La propuesta contempla instaurar un mecanismo local de medidas de protección y obliga al Poder Ejecutivo a crear programas de salud e implementar un seguro de vida.
En rueda de prensa, Mauricio Ortiz Proal, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, en conjunto con Juan José Ruiz, dirigente del partido, anunciaron que la iniciativa ingresada en la Oficialía de Partes plantea un “marco jurídico mínimo” para poder encarar algún tipo de situación compleja que afecte al gremio periodístico y activistas.
“Si bien es cierto, hay que decirlo, al día de hoy, en Querétaro en términos generales se puede desarrollar la labor periodística sin mayor problema. No estamos exentos de que esta condición pudiera cambiar, que las cosas pudieran ser distintas y es en esa intención que hemos decidido presentar este proyecto de ley”, refirió.
Las propuestas de este dictamen, de acuerdo con Ortiz Proal, armonizan la Ley General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y serán puestas a disposición de las personas interesadas en un lapso aproximado de quince días.
Recalcó que se mantendrán a la espera que el Poder Ejecutivo del estado presente su iniciativa de ley, anunciada hace un par de semanas, para iniciar con el análisis de la misma.
“Antes de dictaminarlo queremos conocer los puntos de vista [del gremio], conocer sus comentarios, planteamientos, poder enriquecer los juicios de valor que eventualmente nos permitan, a la brevedad, contar con un cuerpo jurídico mínimo para poder, eventualmente, estar preparados ante una situación que se presente”.
Se establece que los tres poderes, organismos autónomos, municipios y demás entidades públicas adquirirán un seguro de vida para quienes realicen labores periodísticas.
Indica que cada una de las áreas de Comunicación Social realizará un registro de los periodistas, el medio informativo y su acreditación correspondiente; información que se compartirá entre las instituciones.
Agrega que el Poder Ejecutivo creará un Fondo que le permita destinar recursos económicos a los periodistas que hubieran estado en riesgo en el ejercicio de sus funciones, ocasionándoles incapacidad permanente.
Otra de las propuestas es la creación de una Junta de Gobierno, a encargada de implementar y operar medidas de prevención, preventivas y urgentes que garanticen la integridad, libertad y seguridad de personas en riesgo.
El organismo se conformará por dos personas expertas en derechos humanos o periodistas y cinco funcionarios públicos, entre ellos, el secretario de Gobierno, un representante del secretario de Salud, de la Fiscalía General y de la Defensoría de los Derechos Humanos (DDH).
