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El pasado 31 de octubre culminó el plazo para que los servidores públicos estatales y municipales presentaran su declaración patrimonial, con el cumplimiento al 100% de los trabajadores del estado; y 99% de los trabajadores en las demarcaciones.
Fueron 32 los funcionarios que no hicieron el trámite en tiempo, de acuerdo con informes del secretario de la Contraloría del gobierno del estado, Juan Gorráez Enrrile.
Los números indican que seis mil 386 servidores del Poder Ejecutivo cumplieron con este procedimiento, quienes “concluyeron exitosamente con su declaración de bienes correspondiente al periodo 2014”.
De ellos, 99.87% hizo su declaración a través de Internet; mientras que el resto —ocho servidores— lo hizo vía escrita, entregada de forma personal en la oficina de la Secretaría de la Contraloría.
Respecto a los funcionarios en los municipios, al 31 de octubre “se habían presentado cinco mil 651 manifestaciones, que representa 99.44%; por lo que quedan 32 pendientes de presentar, de ellos, cinco mil 506 funcionarios lo hicieron por Internet y 145 lo hicieron por escrito”.
“La Secretaría de la Contraloría, a través de su Departamento de Responsabilidad y Situación Patrimonial, dio respuesta a servidores públicos estatales, municipales y legislativos; asimismo, logró eficientar hasta en un promedio menor a dos horas su capacidad de respuesta”, dijo Gorráez Enrrile.
De acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Querétaro —actualizada al año 2009—, son obligados a presentar su manifestación patrimonial los funcionarios desde el nivel de jefe de departamento hasta el gobernador.
“Además de aquellos que manejan, recaudan o administran fondos y recursos estatales, federales o municipales, de acuerdo con lo que establece el artículo 50”, detalló el secretario de la Contraloría estatal.
La misma ley indica que se aplicarán sanciones de 15 días a seis meses del sueldo base presupuestal asignado, siempre que los servidores públicos que no cumplieron hagan caso omiso al aviso que la dependencia les hará llegar.
La notificación se les hará llegar como una “última oportunidad” para que cumplan con lo establecido en la ley mencionada, y que en este caso será remitida a 32 funcionarios o trabajadores en los diferentes municipios de la entidad.
En el artículo 57 se establece que “para los efectos de esta ley y del Código Penal del estado de Querétaro, se considerarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que disponga su cónyuge, sus dependientes económicos directos, salvo que acredite que estos bienes los obtuvieron por sí mismos o por motivos ajenos al servicio público”.
Información parcial. En un estudio publicado por la organización social Transparencia Mexicana, se hizo la observación de que la información del patrimonio que poseen los servidores no es pública.
Es decir, la ciudadanía desconoce si efectivamente el patrimonio que poseen ha sido adquirido de forma lícita, con el dinero que perciben del erario público.
De acuerdo con el estudio, al ser funcionarios públicos, que crecen su patrimonio en función del sueldo que perciben, debería haber mayor transparencia sobre su patrimonio y así evitar que las contralorías omitan iniciar las investigaciones pertinentes cuando “las cuentas” no coincidan.
La organización también recomienda “el impulso federal, local y las reformas necesarias que hagan obligatoria la publicación de las declaraciones patrimoniales de los servidores”.
