22 integrantes, representantes de los Poderes del Estado y de la sociedad civil, conforman la Comisión de Indultos 2013, cuya función será analizar los expedientes de reos que buscan ser absueltos y brindarles una segunda oportunidad a quienes han mostrado un avance significativo en su proceso para ser reinsertados a la sociedad.
La comisión está integrada por miembros de la sociedad civil, educativa y empresarial, además del secretario y subsecretario de gobierno, Jorge López Portillo Tostado y Alfonso Jiménez Campos, respectivamente.
En el acto de instalación del Comité, el mandatario estatal José Calzada Rovirosa, precisó que se revisarán 27 expedientes, 5 de internas y 22 internos, los cuales cumplen con los requisitos para ser sujetos de análisis.
“Por cuarta ocasión en la Administración instalamos esta importante comisión que tiene que ver con darle la oportunidad a las personas que cometieron un error en sus vidas, darles la oportunidad de salir libres; de valorar los expedientes de las personas que han acreditado buena conducta y que a la vista de ustedes, tendrán que deliberar si se reintegran a la vida en sociedad”, indicó Calzada Rovirosa.
En tanto, el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, explicó que los expedientes de los internos cumplen los requisitos para su revisión, entre los que destacan: que han compurgado más del 50 por ciento de su condena, no cometieron delitos graves, que no son reincidentes, que han tenido buena conducta durante su internamiento, han desarrollado actividades laborales y se considera que pueden reintegrase a su familia y a la sociedad.
La tradición jurídica concede el indulto, una connotación humanitaria realizada por el cura Hidalgo el día 16 de septiembre de 1810, al dar inicio al movimiento independentista, donde liberó a todos aquellos presos y esclavos de la corona española que se encontraban recluidos injustamente, tradición que ha sido conservada hasta nuestros días con facultad exclusiva al presidente de la República y trasladada a los gobernadores de las entidades federativas; por lo que el mandatario estatal será quien tenga la última palabra, con base en las propuestas de la comisión.