Se desechó el expediente de juicio político del presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, derivado de la falta de pruebas, una resolución tomada por la Comisión Instructora de la 58 Legislatura del estado.
Mauricio Ortiz Proal, coordinador del PRI en el Congreso y presidente de la comisión, informó que después de analizar el expediente hubo criterios diferentes entre los integrantes del organismo para proceder a la solicitud de juicio político, la cual fue ingresada en abril por los comerciantes Alfredo Serrano Valdés y Alejandro Perlín Vital por las obras de remodelación que realiza la administración municipal en la avenida de Ezequiel Montes, en el Centro Histórico.
El legislador priísta explicó que, en su opinión, sí se encontraron elementos para iniciar un proceso de este tipo, mientras , el resto de la comisión consideró que dicho expediente debía ser rechazado al no tener pruebas jurídicas suficientes.
“En la votación se procedió porque no hubiera lugar a seguir con el caso o seguir adelante con el expediente, fue una votación con un voto dividido. Ese asunto ya se atendió y lo que determinó la mayoría de integrantes de la comisión instructora es que no se encontraban los elementos suficientes para sustanciar el expediente”, sostuvo.
De acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado, la Comisión Instructora es el órgano encargado en el Congreso de valorar la existencia y gravedad de los actos y omisiones de los funcionarios acusados. Dicho organismo es el único que puede sesionar de manera reservada y sus integrantes están obligados a guardar reserva de los asuntos a tratar.
La normativa establece que el juicio político procede cuando existan actos y omisiones que redunden en perjuicio de intereses públicos fundamentales del estado; cuando se viole cualquier infracción a la Constitución Política de la entidad y se cause graves perjuicios a la entidad, a uno o varios municipios.
Frecuente falta de pruebas en expedientes. El coordinador del PRI en la Legislatura local advirtió que en diversos expedientes ingresados al Poder Legislativo, persiste la falta de pruebas para sostener los hechos, además de que señaló, en algunos casos se tratan asuntos que corresponden a la administración pasada, lo cual, no tiene efectos jurídicos.
“Son distintas las razones por las que eventualmente no se puede proceder en los términos que solicita la gente. Es esencial tener expedientes bien construidos y que tenga elementos probatorios contundentes para demostrar aquellas actuaciones que se están presentando”, expresó.
La Comisión Instructora en el Congreso local presidida por el priísta Ortiz Proal, está conformada por mayoría de integrantes del partido Acción Nacional (PAN), grupo al que pertenece el edil capitalino.
“De acuerdo con la mayoría no existían pruebas o elementos suficientes para imputarle al presidente municipal una supuesta responsabilidad. Entonces se determinó lo consecuente y el expediente finalmente ya se finiquitó”, explicó el legislador del tricolor.
Serrano Valdés, quien es presidente de la Asociación de Empresarios y Residentes del Centro Histórico, denunció un asalto a su negocio de ropa ubicado en la calle Corregidora del Centro Histórico, registrado el 19 de abril.
Debido a su inconformidad con las decisiones del gobierno municipal, y por presuntos actos de represión, el comerciante señaló a la administración de Aguilar Vega como la responsable de ese hecho; sin embargo, días después el comerciante reconoció que uno de sus hijos estuvo involucrado en el asalto.
Tras denunciar aquel robo, el dueño del comercio reiteró su rechazo público a las políticas y proyectos del gobierno municipal, como los parquímetros (que fueron cancelados) y la obra de rehabilitación de la calle Ezequiel Montes. Desde ese momento se promovió por parte del comerciante un juicio político en contra del edil que fue desechado por los legisladores de la respectiva comisión.