Al reprobar la Ley General de Biodiversidad, ambientalistas de Querétaro hicieron un llamado a los diputados federales para realizar una consulta adecuada antes de que sea aprobada en el Congreso de la Unión.
Sostuvieron en rueda de prensa que dicha ley quebranta el principio de no regresión y progresividad en materia de derechos humanos a un ambiente sano, cuestión que también impacta los aciertos y avances que se han llevado a cabo conforme a la Ley General de Vida Silvestre y sus respectivos instrumentos de control y gestión.
“La iniciativa no respeta los compromisos adquiridos por nuestro país en materia ambiental en diversos convenios y acuerdos internacionales y quebranta los principios de Río al no generar la consulta pública y la participación de los mexicanos”, dijo el activista Christian Padilla.
Según los ambientalistas, también se omite la regulación de microorganismos y animales microscópicos, así como los principios de derechos indígenas sobre áreas naturales protegidas y biodiversidad.
Entre los puntos de riesgo más importantes plasmados en la ley, que fue aprobada el 15 de diciembre por el Senado de la República, refieren los activistas, se enlista que el proceso legislativo no respetó lo dispuesto por el artículo 2 Constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pues la consulta adecuada a los pueblos indígenas y comunidades equiparables fue omitido.
Además, señalaron que también se carecen de los mecanismos para poder recabar la posición de los involucrados respecto a las decisiones que se puedan tomar sobre sus recursos naturales y territorios.
Asimismo, argumentaron que se pone en riesgo a las Áreas Naturales Protegidas al flexibilizar las actividades humanas extractivas que se pueden realizar en ellas, dejando así la puerta abierta a la explotación de hidrocarburos y actividades mineras.
Acusaron posibles conflictos de interés por parte de la senadora del Partido Verde Ecologista de México, Ninfa Salinas Sada, autora de la iniciativa y denunciaron también la secrecía con la que se llevó a cabo la votación del 15 de diciembre para la aprobación del proyecto, pues se aprovechó la sesión que duró 24 horas (por la discusión de la Ley de Seguridad Interior) para que la iniciativa fuera votada a favor.
“La aprobación de esta ley pasó en menos de doce minutos, no hubo discusión, la mayoría de los senadores no conocía el dictamen y entonces lo que estamos cuestionando acá es ¿qué dictamen fue el que se aprobó?”.
Los ambientalistas, que representaron a 19 organizaciones que firmaron el exhorto a los legisladores, señalaron que por su parte no tienen prisa para que se apruebe el dictamen, por lo que continuarán buscando que haya una consulta y un análisis real de la iniciativa.
