El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por medio de sus titulares, Carlos Septién Olivares y Miguel Nava Alvarado, respectivamente, firmaron un convenio en materia de capacitación, a fin de que los funcionarios públicos que laboran en estos organismos, sean conscientes de la importancia que tiene el respeto a los derechos humanos en la impartición de justicia.
Ambos funcionarios estatales se comprometieron a extender las capacitaciones internas a elementos en sus respectivas instituciones y de esta manera establecer una permanente colaboración que lleve a respetar las reformas constitucionales establecidas en materia de derechos humanos.
“La labor que realizamos en el Tribunal es en estricto apego a los derechos humanos y en base a eso es que signamos un convenio con la Comisión para seguir capacitándolos y estrechar lazos de interés institucional, porque como autoridades, tenemos que estar en una nueva cultura de los derechos humanos”, indicó el titular del TSJ, Carlos Septién Olivares.
En este mismo sentido, el ombudsman Miguel Nava Alvarado, aseguró que con este convenio se tendrá un intercambio de información que lleve al fortalecimiento de los esquemas de garantía tanto a nivel judicial como del sistema de la CEDH, por ello es que se capacitará a jueces, magistrados y visitadores.
“Todo redunda en un beneficio a la sociedad, porque entre mejor estemos capacitados los servidores públicos, mejor servicio público vamos a poder prestar; y en el poder judicial se manejan los derechos humanos a diario”, señaló el titular de la CEDH.
Miguel Nava comentó que derivado de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de julio 2011, se considera la transformación del esquema jurídico en materia de derechos humanos, aunque destacó que existe todavía en los tres órdenes de gobierno resistencia para respetar y hacer viable esta reforma que transformaría en su totalidad el esquema jurídico de protección de los derechos humanos.
“Muchas autoridades de los tres órdenes de gobierno todavía no hacen conciencia de que quizá la legislación que están aplicando ha quedado en desuso en materia de derechos humanos y que es importante que nuestros servidores públicos conozcan los tratados internacionales en este tema, tienen que ver con la dignidad de las personas y su protección”, aseguró.
Un ejemplo de esta situación, destacó el titular de la CEDH, es la ley general de victimas que reglamenta la reparación del daño a la víctima de violación de los derechos humanos; sin embargo en Querétaro, y pese a que el constituyente permanente los obligó a que en un lapso de un año se hicieran las adecuaciones a la constitución local, no se ha hecho nada al respecto.
“Es obligación de todas las autoridades proteger, defender, garantizar y respetar los derechos humanos, pero en caso de que exista una violación, el estado a través de las autoridades de los tres órdenes tiene la obligación de reparar esta violación”, puntualizó el servidor queretano.