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Después de mes y medio privado de su libertad, al ser acusado del delito de motín, el dirigente de la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP), Pablo González Loyola Pérez, salió del penal de San José El Alto y afirmó que su proceso continuará.
Expuso que en la queja que ampliará en la Defensoría de los Derechos Humanos del estado de Querétaro (DDHEQ) incluye una confabulación de funcionarios públicos; aunque la Fiscalía estatal informó que apelará la resolución que lo dejó en libertad.
Al ser cuestionado sobre si se considera perseguido por las autoridades, dijo: “No podemos señalar nada que no esté probado, pero sí vamos a señalar en la queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos una confabulación de servidores públicos. La estamos terminando, nada puedo adelantar [pero] el presidente municipal Marcos Aguilar Vega y el secretario de Gobierno municipal [Manuel Velázquez Pegueros], por razones públicas, van a estar señalados en esta ampliación de queja”.
Indicó que la razón son los hechos relacionados al desalojo de los comerciantes de la Alameda Hidalgo, vinculado al proceso que sigue.
Afuera del penal de San José el Alto, una centena de integrantes de la UCFCP lo esperaban con banderas de la organización y con consignas de apoyo para el dirigente.
Loyola Pérez apuntó que recibió la notificación de que existe una resolución de la juez cuarta que dejó inexistente la prisión preventiva, después de mes y medio de estar en la cárcel por el delito de motín, del cual, dijo, se declaró inocente.
Recordó que estaba en un módulo con cámara permanente, donde era vigilado 24 horas, por lo que solicitó que fuera retirada. Fue atendido en su salud y se le mejoraron las condiciones a las dos semanas.
Por otro lado, la Fiscalía General del estado informó que apelará el fallo emitido por un juez de distrito, respecto a la liberación de Pablo González, acusado de hechos que la ley señala como delito de motín.
“Esta tarde [ayer] se recibió la notificación de la resolución emitida por la juez de distrito Mónica Montes Manrique, con adscripción al Cuarto Juzgado de Amparos y Juicios Federales, en la que decreta la libertad del imputado, al considerar que es excesiva la medida cautelar impuesta por un juez de control local”, mencionó.
Personal de Fiscalía General prepara la apelación para la resolución y en las próximas horas se presentará ante la autoridad judicial correspondiente.
La dependencia subrayó que el proceso judicial iniciado en contra de Pablo González Loyola Pérez por el delito de motín sigue vigente, toda vez que lo único que se modificó fueron las medidas cautelares.
“Tiene prohibido salir del estado; tiene la obligación de comparecer cada semana ante la Unidad de Medidas Cautelares; debe entregar una garantía económica por la cantidad de 10 mil pesos, y se encontrará bajo vigilancia de las autoridades”, acotó.
La fiscalía continuará recabando la documentación y los indicios correspondientes para profundizar en las indagatorias de este hecho.
