Ante las inconsistencias de estructura operativa que presenta la Ley de Participación Ciudadana, aprobada por el pleno de la 56 Legislatura del estado, la norma podría ser rebotada para el análisis y consideración de la 57 Legislatura, opinó el secretario ejecutivo del consejo general del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ), Magdiel Hernández Tinajero. Entre las inconsistencias de estructura operativa se hace referencia a organismos que no tiene el IEQ, a normas que no son aplicables, carece de un mecanismo para impugnar las decisiones del instituto y donde se carece de este método se pone en riesgo el acto en sí. “Entre otras irregularidades hemos también identificado inconsistencias que van desde el porcentaje de ciudadanos que se requieren para solicitar este tipo de mecanismos de participación ciudadana, que ya lo ha expuesto el presidente de la comisión de participación ciudadana de la 57 legislatura, quien considera que es muy alto el 3% del padrón electoral, ha mencionado que propondrá una reforma pero este es solo uno de los tantos detalles a la norma, no obstante el plazo para cumplir con ella sigue”, reiteró Magdiel Hernández. Para el también consejero se trata de una ley que fue aprobada al vapor, ya que el marco de discusión que la originó fue muy ligero. La ley fue publicada en agosto del 2012. De acuerdo al estudio preliminar que entregó la comisión transitoria que se conformó por parte del IEQ, tras la aprobación de la ley, se han encontrado diversos puntos que han inquietado a sus integrantes, derivado de las inconsistencias que se presentan. Asentó que dichas inconsistencias no sólo se harán públicas, sino que podrían implicar que la ley se devuelva a la legislatura para su valoración. “Puede ser que en el instituto se aprueben los reglamentos y al vencimiento de los plazos se puedan solicitar los ejercicios ciudadanos, pero en caso que no sea posible lo haremos notar”, apuntó el secretario ejecutivo. A 5 meses de ser aprobada la ley se está a la mitad de cumplirse el plazo para su aplicación y a las irregularidades detectadas, se suma la falta de presupuesto por parte del instituto para su ejecución, ya que de los 120 millones de pesos que solicitó como ejercicio para el 2013 sólo le fueron aprobados 54 millones de pesos y tan sólo se requieren 39 millones de pesos para poder echar a andar la nueva norma. Hernández Tinajero dijo que para poder cumplir con la ley, la institución vive un momento complejo ante la carencia de los recursos. “Es complejo porque cambia su naturaleza y al cambiarla a pesar de estar determinada en la ley ahora toca a las instituciones o ciudadanos comprender qué implica ese cambio de naturaleza jurídica, y para implementar los mecanismos de participación ciudadana necesariamente es menester contar con los recursos que permitan que el ciudadano ejerza esta prerrogativa que se reconoce desde la constitución”, asentó. La Ley de Participación Ciudadana tiene porobjetivo garantizar el derecho civil a participar en las decisiones públicas, con ella se busca el nuevo ordenamiento para asegurar el ejercicio legal, democrático y transparente del poder público, mediante la vigilancia ciudadana. Como instrumentos de participación, la ley contempla las figuras del plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana, la consulta vecinal y la obra pública con participación ciudadana.