El panista Guillermo Vega Guerrero, coordinador de la bancada panista en la legislatura local, aseguró que los actos que se acusan de los supuestos “moches” en el municipio de Celaya son responsabilidad exclusiva de los personajes involucrados y no del Partido Acción Nacional (PAN).
Esto luego de que se evidenció la existencia de un contrato hecho por la abogada panista Ingrid Palacios Trujillo y por Ricardo Andrade Becerra para gestionar recursos federales a cambio de 36 millones de pesos y se marcó un vínculo con personas del partido.
“Este tipo de hechos, actos jurídicos, son única y exclusivamente responsabilidad de quien los genera, es decir que si esta persona cometió algún acto que va contra de la ley pues tendrá que ser investigado y en caso de que se demostrara que esta fuera de la ley tendrá que ser sancionado”, comentó el diputado.
El titular de la Junta de Concertación Política dijo que en términos concretos los que estén en algún hecho jurídico, son como particulares responsables de sus actos, solicitó no buscar otro tipo de culpabilidades alrededor ya que perdería su objetividad.
“En este caso estamos hablando únicamente de esta persona, de esta licenciada, pues ella será quien tendrá, en caso de que se determine, algún inicio de procedimiento, que comparecer ante cualquier autoridad”, enfatizó.
En este contexto, el legislador panista le otorgó un total respaldo al diputado Apolinar Casillas como integrante del grupo y del partido y aseguró que en lo que conoce es una persona que siempre se ha conducido al marco de la ley.
Opina Alfredo Botello
Por su parte, el diputado federal del PAN, Alfredo Botello Montes, aseguró que la abogada ya no se encuentra afiliada al blanquiazul.
“Ella terminó sus labores en el municipio de Querétaro en agosto de 2010 y, según fuentes, se establece que está trabajando por recontratación. El asunto con el ayuntamiento de Celaya es personal de ella, por lo que ningún vínculo tenemos ningún panista de Querétaro con esta situación. Ella incluso no está dentro del padrón”, dijo.
En tanto, el diputado federal Marcos Aguilar externo que no ha sido notificado de ninguna denuncia penal en su contra por parte de alcaldes de Querétaro por el delito de soborno.
Comentó que mandó carta aclaratoria al periódico que lo acusó de pedir “moche” a cambio de más participaciones para las entidades, pero éste nunca la publicó. Aseguró que no hay pruebas en su contra. “Es un juego sucio de algunos que quieren usar a los medios de comunicación”.