La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que ha atendido a 27 víctimas de violencia política de género, en cinco entidades federativas del país.
Precisó que, de ellas, 24 son mujeres y tres varones, de los estados de San Luis Potosí, Tabasco, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Baja California Sur, Quintana Roo, Chihuahua y Nayarit.
En un comunicado, indicó que a las personas se les brinda la atención inmediata, contención sicológica y, en casos particulares, se mantiene proceso de acompañamiento sicológico.
Sostuvo que en este proceso se trabajan temas en torno al estado emocional de las víctimas del delito electoral atendidas, así como asuntos relacionados con aprendizajes profundos que puedan aportar herramientas funcionales.
Además, dio a conocer la realización del curso “Defensa de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres”, en Querétaro, con el objetivo de analizar los temas de igualdad sustantiva y equidad de género.
Asimismo, la Fepade destacó que se analizó la prevención de la violencia política contra las mujeres y el papel de las instituciones electorales en las próximas elecciones, como garantes de la participación de la mujer en la vida política del país.
En la charla, la perito en sicología forense, adscrita a la fiscalía, Ericka Escobar Bárcenas explicó el acompañamiento de la dependencia a las víctimas, se realiza con base en el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres y el fortalecimiento de la participación política éstas en los próximos comicios.
En el evento estuvieron presentes integrantes del Instituto Queretano de las Mujeres, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, militantes de distintos partidos políticos, servidores públicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y público en general.
Apenas en marzo pasado el Senado de la República aprobó tipificar la violencia política de género y con ello concluyó un pendiente que tenía desde hace cuatro años, cuando las senadoras intentaron dejar claro en las leyes electorales que es un delito denostar, menoscabar y restringir las funciones de una mujer que ejerce la política.
Las leyes electorales dirán ahora que la violencia política en razón de género “es la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
Con estas modificaciones, instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y los tribunales electorales tendrán la obligación de prevenir, atender, sancionar y en su caso castigar las conductas de violencia política de género con las sanciones que marca la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
El Senado determinó que las sanciones por los delitos electorales que se cometan contra las mujeres se castigarán hasta con la mitad de la pena que actualmente se establece.
El camino para lograr la inclusión de esta forma de violencia en la ley inició el 8 de noviembre de 2012, cuando la senadora priísta Lucero Saldaña Pérez propuso incluir y definir este término. La propuesta fue aprobada en febrero de 2013 en la Cámara alta y enviada a la Cámara de Diputados para su ratificación