Con la finalidad de que no se vuelva a presentar una situación como la de Pedro Escobedo (cese de la alcaldesa), en este mes se iniciará el análisis de la reforma a la Ley de Hacienda, informó el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el Congreso local, Braulio Guerra Urbiola.
“Yo creo que podremos estar en posición de hacerlo en el mes de septiembre, terminando la glosa que es el siguiente martes vamos a tener una agenda que vamos a intensificar para cerrar el año”, comentó.
Esta propuesta, presentada por el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, busca que no se hereden adeudos en cuestión de alumbrado público en los municipios.
Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó el cese de Graciela Juárez Montes, alcaldesa de Pedro Escobedo, así como de su tesorera, Aideé Verónica Corona García, quienes además deberán ser procesadas penalmente por abuso de autoridad.
Además, la SCJN decidió consignar por desacato al ex alcalde de Pedro Escobedo y actual presidente del Comité Estatal del PRI, Alonso Landeros Tejeida, así como a quien fuera su tesorero, José Jaime Jesús Sixtos, quien ocupa el cargo de secretario de Finanzas del partido en la entidad.
El dirigente priísta en Querétaro incurrió en desacato al incumplir con el reembolso de 326 mil 586 pesos a una empresa que se amparó en contra del cobro del servicio de alumbrado público, cuando Landeros y Jesús Sixto se desempeñaban como alcalde y tesorero de Pedro Escobedo.
Guerra Urbiola detalló que esta propuesta trae consigo beneficios importantes para las administraciones, pues se contará con las herramientas indispensables para ahorrar y ser más cuidadosos con los procedimientos legales.
“Ya está en curso. Tendrá que turnarla el presidente de la comisión que es Gerardo Sánchez y precisamente trata de generar elementos que permitan que el alumbrado público se encuentre dentro de una regulación legal que impida que los municipios tengan que erogar una serie de recursos que significan un trámite o asesoría que después le resultan al erario público pues costosas”, explicó.
Braulio Guerra informó que la jurisprudencia señala que el monto del derecho de alumbrado público (DAP) deber ser devuelto a los particulares, pues la corte determinó que el cobro en el recibo de luz es inconstitucional.
“Por esto pide que sea devuelto porque es una especie de pago indebido entonces hay que regularizar todoel esquema por eso la importancia de esta iniciativa presentada por el Ejecutivo”, afirmó el legislador.
Anteriormente, Jorge López Portillo Tostado dijo que mientras esta iniciativa no sea analizada y aprobada por la 57 Legislatura, los municipios del estado deben cumplir con las sentencias de amparo, deviniendo en grandes erogaciones por devolución del DAP.
“Fundamentalmente es para evitar que los amparos hagan el fundamento del DAP inconstitucional, que es que la Ley de Hacienda de los municipios publiquen el refrendo, ese es el tema”, indicó López Portillo.
