En la entidad se alista una propuesta para que el Derecho de Alumbrado Público (DAP) se regule, refirió el secretario de gobierno, Jorge López Portillo Tostado, para ello se debe reformar la Ley de Hacienda estatal y municipal.
Lo anterior debido a la afectación que sufren las alcaldías en sus cuentas públicas por el “reembolso” que deben hacer a las empresas que promueven amparos contra el cobro del DAP.
De esa manera se busca que los amparos no tengan el fundamento de anticonstitucionalidad y las fianzas de las administraciones no se vean afectadas. Sin embargo, el secretario no dio más detalles del tema.
En tanto, el auditor de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE), Rafael Castillo Vandempeereboom, refirió que éste es uno de los principales problemas que enfrentan los municipios.
“El DAP es un derecho que cobra el municipio, pero la cobranza como tal la hace la CFE, es ahí donde existe la ilegalidad. La CFE no es una empresa que se dedique a cobrar servicios a terceras personas, es la empresa paraestatal que se encarga de brindar servicio”, explicó.
Además, los integrantes de las administraciones realizan prácticas irregulares al contratar despachos externos para el cobro del DAP cuando lo pueden hacer ellos mismos, pero también porque sólo se reporta el dinero final que ingresa y no se desglosa cómo.
Del tema, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Jesús Calderón Calderón, informó que al menos 90% de los industriales se amparan contra este cobro.