Diputados integrantes de la comisión de Administración y Procuración de Justicia de la 57 Legislatura del estado aprobaron la iniciativa de Ley antilavado, en la que se establece entre 5 y 15 años de prisión así como multas de hasta 5 mil días de salario mínimo (295 mil pesos) a quienes se involucren en este ilícito.
El aval que los legisladores de esta comisión dieron a las modificaciones legales, garantiza que el pleno del Congreso del estado las apruebe, toda vez que participaron en este acuerdo representantes del PAN y el PRI, partidos que suman 19 de los 25 representantes de la Legislatura.
El diputado Apolinar Casillas Gutiérrez, integrante de la comisión legislativa, recordó que en las consideraciones de estas reformas al Código Penal del estado se explica su aprobación dado el incremento de los actos de la delincuencia organizada en el territorio queretano, aun cuando no se hace un recuento de éstos.
Estas modificaciones, dijo, “están enfocadas particularmente a cerrarles puertas a los delincuentes, para evitar que vengan aquí de verano o a actuar; esto es cerrarles el paso y en esto no cejamos”.
El paquete de reformas establece cambios en los artículos 34, 60, 246-H del Código Penal para el Estado de Querétaro y se adiciona el artículo 71-A del Código Fiscal del Estado de Querétaro.
Estos cambios se complementan con la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, creada el 22 de noviembre pasado por el gobierno del estado adscrita a la secretaría de Planeación y Finanzas. Su objetivo, explicó el procurador de Justicia, Arsenio Durán Becerra, es proporcionar información a la PGR y PGJ sobre empresas sospechosas de lavar dinero en Querétaro.
Por su parte, el secretario de Planeación y Finanzas, Germán Giordano Bonilla, explicó que si la Procuraduría General de la República (PGR) o la Procuraduría General de Justicia (PGJ) detectan alguna situación de lavado de dinero, deberán solicitar a la secretaría información respecto de la empresa involucrada.
Dijo que la secretaría a su cargo cuenta con una base de datos de todas las empresas que operan en la entidad, a fin de poder monitorear indicios que conduzcan a este tipo de ilícitos. No obstante, afirmó que desde la creación de la unidad de inteligencia a la fecha no han detectado algún caso de este tipo.
En Querétaro, uno de los casos que se conocen en este ámbito fue el intento de Amado Carrillo por comprar el estadio La Corregidora, de Querétaro. Esta operación, sin embargo, no se concretó.
En mayo del 2008, elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) catearon el restaurante La Casa Mocha, ubicado al sur de la ciudad de Querétaro, por denuncia de lavado de dinero. Sus propietarios fueron detenidos y el negocio está abandonado y deteriorado.
El presidente de la comisión legislativa, Luis Bernardo Nava Guerrero, comentó que “la llamada coloquialmente iniciativa de ley antilavado, va directamente a la lucha contra ese delito, que es parte de la estrategia nacional contra la delincuencia organizada”.
De acuerdo con lo previsto por la comisión de Administración y Procuración de Justicia, la iniciativa será discutida y, en su caso, aprobada en la próxima sesión de pleno del Congreso local.