Muchas de las observaciones a las cuentas públicas municipales corresponden a errores administrativos y no a que ex funcionarios públicos hayan actuado de mala fe, afirmó el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local, Mauricio Ortiz Proal, quien pidió que se concluya la revisión y se actúe conforme a la ley.
Señaló que no se debe perder de vista la dimensión de las observaciones a las cuentas públicas del segundo semestre de 2014, ya que “muchas finalmente son por errores administrativos, pero detrás de ellas no necesariamente debe de existir dolo o mala fe en la acción que llevó a cabo el funcionario público imputado”.
Indicó que se tiene que dar tiempo a los imputados para que puedan comprobar su inocencia y que deben esperar a que estos procesos concluyan, para actuar conforme a la ley.
“Que se actúe conforme a la ley, ninguna excepción para nadie, pero tampoco se trata de implementar un tipo de cacería de brujas. Ni cacerías de brujas, ni cheques en blanco, que se actúe simple y sencillamente apegados a la ley, y en este caso que las imputaciones que se hagan se agoten en su proceso y se dé la oportunidad a cualquier señalado de presentar las pruebas para tratar de justificar su inocencia”, indicó.
“Me parece que lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar la ley, si aplicamos la ley aquellas personas que merezcan una sanción van a recibirla y con esto vamos a sentar precedente para fortalecer la transparencia y la ejecución de los recursos públicos”, subrayó.
Rechazó que el análisis de las cuentas públicas sea un asunto que se politice, ya que desde su punto de vista la Contraloría del estado ha actuado siempre con libertad: “Rafael Castillo (Vandenpeereboom) me hace un funcionario público ejemplar, un hombre con experiencia, con honestidad, con transparencia y ellos están haciendo su trabajo”.
Sobre los casos que revisaban la Comisión Instructora, precisó que algunas solicitudes de juicio político contra funcionarios quedaron sin efecto, toda vez que ya no se encuentran en la administración, en otros casos emitieron recomendaciones.
Ortiz Proal adelantó que presentarán una iniciativa de reforma a la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado, para obligar a las empresas de comercialización de alimentos, con más de 300 metros cuadrados, y a las cadenas comerciales a donar el producto que ya no pueden expender, pero que sí se puede consumir, para evitar el desperdicio.