Los poderes Legislativo y Judicial se encuentran entre las instituciones a las que más observaciones hizo la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE), dentro de las cuentas públicas del segundo semestre de 2014. En ambas se detectó falta de claridad en los gastos, así como la adjudicación de licitaciones a proveedores frecuentes y pagos excesivos a sus empleados.
En lo que respecta a la administración de la 57 Legislatura, la ESFE detectó que durante dicho periodo se adjudicaron de manera directa adquisiciones con siete proveedores por un monto de 4 millones 765 mil pesos. Fue de tal modo que se benefició a tales empresas, puesto que por el monto del que se trató debió utilizarse la modalidad de invitación restringida.
Todas las personas físicas o morales que le brinden servicio al Congreso local tienen que estar inscritos en un listado de proveedores; sin embargo, durante la 57 Legislatura se erogó un millón 697 mil pesos con 36 empresas que no se encontraban inscritas en dicho padrón obligatorio por la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Además, 149 personas físicas y morales fueron inscritas en el padrón de proveedores sin hacer el pago de la cuota correspondiente.
Sobre las inconsistencias halladas con los empleados que la pasada Legislatura no pudo solventar, la ESFE da cuenta de que se le realizó un anticipo a Alama García Flores, por 15 mil 500 pesos, monto que no fue recuperado a las arcas públicas. Mientras que a Gustavo Arturo Morales Alvarado se le otorgaron, como parte del finiquito laboral, pagos improcedentes por conceptos de: prima de antigüedad y tres meses de sueldo, a pesar de que sólo contaba con dos años como empleado.
Por otra parte, 16 empleados de las direcciones de Servicios Administrativos y Asuntos Legislativos recibieron 122 mil 911 pesos por concepto de tiempo extraordinario, además de 50 mil 749 pesos por horas extras dobles.
En el rubro de horas extras triples se les pagaron 72 mil 162 pesos, a pesar de que los reglamentos internos establecen que estos servidores públicos no pueden recibir tal prestación por el puesto que desempeñan.
Aunque el Poder Legislativo en 2014 gastó 477 mil pesos para cursos de capacitación, el área correspondiente no puede acreditar quiénes fueron los empleados que obtuvieron dicha prestación. Asimismo, se reporta por parte de la dependencia fiscalizadora la falta de transparencia en las percepciones de los diputados, tanto en prestaciones como sueldo.
A su vez, el Poder Judicial tuvo en total 24 observaciones, principalmente referentes al manejo de recursos, tal es el caso de los 135 millones 708 mil pesos que se comprobaron por el rubro de bienes inmuebles, a pesar de que en el reporte de inventario se tenía la cifra de 96 millones 74 mil pesos, lo cual generó un faltante de más de 39 millones de pesos que no pudieron ser comprobados.
De igual manera, se registra un pago excesivo por concepto de aguinaldo a tres empleados por un importe de 31 mil 847 mil pesos, a pesar de que a estas personas solamente les correspondía la parte proporcional a tres semanas de trabajo. Además, en el rubro de trabajadores se detectó que cuatro servidores públicos omitieron contar con la documentación obligatoria para ostentar su cargo.
Al igual que el Poder Legislativo, el Poder Judicial contaba con proveedores no inscritos en el padrón correspondiente, en este caso se trató de 45 personas físicas y morales. Además, éste tampoco se encontraba actualizado, tal y como lo obliga la ley.
Durante el periodo fiscalizado se observó que erogaron un total de 31 millones 71 mil 658 pesos, de los cuales 28 millones 395 mil fueron a nombre del Tribunal Superior de Justicia, sin que se establezca su destino. Aunado a ello, se reportaron diversos errores en la erogación de recursos, puesto que los aplicaron en áreas no autorizadas.
Asimismo, se adjudicó de manera directa el contrato TSJ-DJ-68/2015 por un millón 704 mil 733 pesos, de manera indebida, ya que no se acredita la existencia de circunstancias que pudiesen provocar trastornos graves, pérdidas o costos adicionales importantes y el monto del contrato excede el límite de 0.00123% del Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2014, a fin de realizar procedimientos de adquisición en la modalidad de adjudicación directa.