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La muerte civil de políticos que incurran en actos de corrupción, que se refiere a su inhabilitación de por vida, es el planteamiento que expone la doctora Nieves Sanz Mulas, como alternativa para disuadir estas prácticas entre la clase política del país.
La especialista explica en su libro Política criminal, viejos problemas y nuevos desafíos que es necesario endurecer las penas en contra de los servidores públicos que incurran en delitos, como un avance en el sistema anticorrupción.
La propuesta hecha por la especialista fue dada a conocer por la maestra en Derecho Sonia Zavala, ante miembros del Colegio de Abogados litigantes de Querétaro capítulo San Juan del Río.
La comentarista de la edición en México de este libro y colaboradora de la obra, expuso que aunque la entidad queretana no destaca en las estadísticas de corrupción, a nivel nacional existen altos índices de delitos relacionados con los servidores públicos, por ello la alternativa planteada es la de privar de sus derechos políticos a quienes incurran en este tipo de acciones, como es el caso de peculado o cohecho, por mencionar algunos.
“Inhabilitar a un servidor público de manera vitalicia cuando se compruebe su corrupción, es un planteamiento interesante que se está a tiempo de analizar en el país, tenemos puntos del país como el Estado de México donde hay una alta incidencia en corrupción que requiere de una intervención que puede incidir en el resto del país”, señaló.
Sonia Zavala dijo que se está a tiempo de plantear la muerte civil, debido a que aún se sigue avanzando en la definición del Sistema Nacional Anticorrupción, en la creación de fiscalías anticorrupción y en las leyes estatales necesarias también para castigar este tipo de delitos.
Esta medida planteada en la obra de Nieves Sanz, forma parte de las políticas de prevención primaria que propone para que no solo se castiguen los delitos como la corrupción, sino que se eviten.
Al respecto, Zavala coincidió en que la prevención es fundamental para disminuir los niveles delictivos en el país. En el caso de la corrupción, endurecer las penas con la inhabilitación definitiva, es también una forma de prevención.
Agregó que la política criminal en otro tipo de delitos, debe ir acompañada por la implementación de políticas laborales, educativas, que permitan generar condiciones para mejorar la calidad de vida y con ello prevenir la comisión de delitos derivado de estas carencias.
Sin embargo, opinó que los legisladores tienen poco interés en la implementación de estas estrategias preventivas, porque se requiere de una inversión económica y porque los resultados políticos no son palpables.
“A un político, a un legislador le genera más aplausos llegar con una iniciativa donde va a elevar otros 20 años de prisión de algún delito determinado, aunque consideramos que éste no es el camino para disminuir los delitos, porque no se atiende el problema de fondo”, agregó.
De igual manera, explicó que los especialistas en materia de prevención de delitos establecen que el país debe contar con un crecimiento mínimo de 5% en su economía cada año, para poder garantizar la generación de empleos y estabilidad social, como una medida para prevenir la comisión de delitos. Sin embargo, el crecimiento promedio anual es de 2% desde hace más de una década.
Zavala afirmó que de no implementar estas medidas preventivas que se refieren a dotar de mejor condición de vida a los ciudadanos, los delitos seguirán aumentando, pese a que se endurezcan las penas. Consideró que se requieren implementar políticas públicas a efecto de frenar delitos de género como el feminicidio.
