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Luego de que varios partidos anunciaron que realizarán a sus candidatos pruebas de antidoping y una vigilancia exhaustiva de su patrimonio para no tener sorpresas en 2015, el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos en el estado, Miguel Nava Alvarado, informó que esta acción no deberá ser de carácter obligatorio, ya que son requisitos que no se establecen en la constitución para acceder a un puesto de elección popular.
El PRD, de acuerdo con su dirigente estatal, Adolfo Camacho, blindará a sus candidatos, a fin de que sean personas de buena fama pública.
Para ello buscarán el apoyo de las instancias judiciales y de seguridad para indagar sobre los antecedentes penales de los candidatos, como en la Secretaría de Hacienda y la aplicación de antidoping, a fin de que se sometan de manera voluntaria a esta prueba.
El segundo partido que anunció las medidas fue el PRI. Su líder estatal, Tonatiuh Salinas, informó que atendiendo al llamado de la dirigencia nacional, a los candidatos para 2015 se les revisará su situación financiera para descartar nexos con el crimen organizado y serán sometidos al antidoping.
Al respecto, el ómbudsman queretano informó que dentro de los requisitos para acceder a un puesto de elección popular, no se contempla la prueba de antidoping. Sin embargo, los partidos lo pueden aplicar siempre y cuando no sea obligatorio.
“Los requisitos para acceder a un puesto de elección no contemplan determinadas circunstancias como el antidoping, pero si un partido político lo quiere hacer para demostrarle a la ciudadanía que sus candidatos, candidatas o precandidatos, no son consumidores y que están presentando aspirantes confiables, lo puede hacer siempre que la persona lo acepte, así no hay problema”, señaló.
Destacó que de no hacerlo de manera voluntaria y establecerlo como obligación, el partido estaría incurriendo a una violación de los derechos humanos de los militantes que aspiren a un cargo público en 2015.
“Forzosamente se tendría que pedir el consentimiento del candidato, porque el problema sería que a la persona que se le imponga como obligación, eso en contra de su voluntad, pero yo creo que si lo pone en contra de su voluntad, su partido lo tomaría en consideración”, aseveró.
