Con la nueva Ley de Anexos de Querétaro habrá facultades sancionadoras y se regularán los centros que sí brindan un servicio adecuado, afirmó Guillermo Tamborrel Suárez, comisionado del Centro Estatal Contra las Adicciones (CECA).
Actualmente, en la 58 Legislatura del estado se realizan mesas de trabajo para generar una ley que abata la problemática de violación a derechos humanos que hay en los espacios existentes y que, al no estar regulados, incurren en privación ilegal de la libertad, según explicó el funcionario estatal.
Se advirtió que de los 90 centros de internamiento que hay en Querétaro, únicamente 35 “trabajan bien” y, de esos, sólo cinco cuentan con certificado el Consejo Nacional Contra las Adicciones (Conadic).
La iniciativa de ley es de las diputadas Atalí Rangel Ortiz y María Alemán Muñoz Castillo.
“Nos presentaron una primera propuesta, un documento base, estamos trabajando en ello, lo vemos con muy buenos ojos, me parece maravilloso que se regule, nos urge, estamos convocados para los primeros días de mayo a una segunda reunión de trabajo”, indicó el comisionado.
El principal punto de la nueva ley, dijo Tamborrel Suárez, es garantizar el derecho de los pacientes a ser evaluados, para determinar el tratamiento para la atención de su adicción, ya que el internamiento no es el único método de curación.
Las adicciones, como cualquier enfermedad, pueden prevenirse y curarse y para la curación se requiere de un diagnóstico, sostuvo.
“Existe el mito que sólo existen los anexos [para rehabilitar] y eso es falso, el anexo es la última de las opciones […] Lo primero es el derecho de la persona a ser evaluada por un psicólogo”, mencionó.
El comisionado del Centro Estatal Contra las Adicciones recordó que el anexo debe ser la última opción para la rehabilitación de las personas que sufren una adicción.
Enfatizó que primero debe realizarse un diagnóstico de un perito o terapeuta en adicciones, para definir el tipo de tratamiento que se requiere.
“La ley es una visión integral que habla de prevención, tratamiento, de distribuir competencias, responsabilidades, facultades y obligaciones, esto es muy valioso”, expresó.
Guillermo Tamborrel añadió: “La ley tendría que contemplar la obligatoriedad de las distintas dependencias para prevenir las adicciones como también establecer lineamientos para regular los tratamientos”.
Otro de los aspectos que debe incluirse en la legislación es que se limite la rehabilitación para pacientes con adicciones a drogas (legales e ilegales), refirió.
Apuntó que muchas familias usan los anexos para internar a personas con problemas mentales o alguna discapacidad intelectual.
Respecto a la legalidad de los sitios, comentó que la ley debe cubrir distintos aspectos, desde el técnico-operativo y administrativo; incluyendo reglas claras para el tratamiento, así como los requisitos que deben cumplir quienes estarán a cargo de la rehabilitación de los pacientes.
Finalmente, Guillermo Tamborrel Suárez recordó que el estado tiene facultades técnicas para la regulación de los centros pero no tiene capacidades sancionadoras, por lo que también estarán plasmados los términos para penalizarlos.