Tras la liberación del líder de comerciantes Pablo González Loyola, los coordinadores parlamentarios del PRI, Mauricio Ortiz Proal, y del PAN, Antonio Rangel Méndez, confrontaron posturas sobre la necesidad de reformar el Código Penal respecto al delito de motín.
Mientras el priísta pide que se aclaren los motivos de motín el panista no lo consideró necesario.
De acuerdo con el ex presidente del Comité Directivo del PRI, Ortiz Proal, fue “exagerado” que se le denunciara por motín a una persona luego de haberse manifestado públicamente, de tal modo que se dijo a favor de la resolución de la juez federal que aprobó la liberación del dirigente de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, aunque deberá continuar su proceso legal.
“Me parece que la sanción de retenerlo en el Cereso era exagerada, ahora tendrá que llevar un proceso, pero ahora en libertad, tenemos que darle a él o a cualquier otro imputado manera de defenderse en el debido proceso y que al final podamos conocer si era o no culpable del delito del que se le acusa”.
Al cuestionarle sobre la posibilidad de una reforma, Ortiz Proal aceptó que es necesario modificar este apartado del Código Penal, al menos para que se aclaren cuáles son los criterios por los que una persona puede ser inculpada por motín, “establecer más criterios que defiendan los derechos de los posibles imputados”.
Referente al delito de motín, actualmente el Código Penal establece en su artículo 248 que se podrá acusar a aquellas personas que se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público: “con el empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla, u obligarla a tomar alguna determinación, se les aplicará de seis meses a cuatro años de prisión y de tres a 30 días multa”.
Se manifiesta que podrán ser culpados por este delito “quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de motín y se les aplicará prisión de dos a 12 años”.
El coordinador de los panistas en el Congreso local aseguró que no hay propuestas para modificar el Código Penal, además, se dijo respetuoso tanto de la determinación de la juez federal, como de la que tomó la Fiscalía General del Estado, cuando decidió necesaria la prisión preventiva para Pablo González.
Dijo que para él no se trata de un tema de persecución política, aunque diversas agrupaciones civiles lo habían señalado de este modo, por lo que se limitó a decir que es respetuoso de todas las opiniones.
“Me parece que la Fiscalía General del Estado implementó un criterio o un punto de vista que en este caso no compartió un juez federal y aquí tenemos que darle su lugar al juzgado federal, al sentir que no se tenían elementos para que esta persona siguiera retenida”.