Autoridades judiciales dictaron dos meses de prisión preventiva a Abraham Tovar Moreno, secretario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por el presunto delito de cohecho. El funcionario del gobierno estatal fue detenido el pasado lunes por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, e ingresó al Centro de Reinserción Social de San José el Alto.
El fiscal anticorrupción Benjamín Vargas Salazar mencionó que Tovar Moreno estará en prisión para evitar que destruya documentos o altere evidencias, mientras la fiscalía realiza la investigación complementaria que acredite los hechos.
Detalló que en una diligencia de cateo se aseguraron diversos indicios, en específico dispositivos de carácter electrónico, que ahora son investigados.
En caso de que Abraham Tovar sea declarado culpable, enfrentará una condena de entre tres y diez años de prisión, periodo en el que estaría inhabilitado en su cargo.
“La constitución determina qué delitos son de prisión preventiva oficiosa, aquí la persona se queda por la necesidad, es decir, por la función que desempeña, por la influencia en la toma de decisiones y para no obstruir la investigación.
“Se puede alterar o destruir documentos que son valiosos para la investigación, ese es el motivo de que se quede en prisión preventiva. Las autoridades judiciales determinarán si está suspendido de sus funciones, nosotros ya en el término procesal oportuno vamos a solicitar que a esta persona se le inhabilite”, comentó.
Por ello, explicó que el ex funcionario estatal fue vinculado a proceso y el juez determinó concederle prisión preventiva durante dos meses para que enfrente el proceso que se le sigue.
“La autoridad judicial determinó vincular a proceso a esta persona y concedió dos meses de prisión preventiva para llevar a cabo la investigación complementaria de este asunto, en ese tiempo debemos investigar para acreditar los hechos que se le imputan”, comentó el fiscal.
Vargas Salazar señaló que en la carpeta de investigación se detalla el monto que fue solicitado por Abraham Tovar a cambio de registrar un sindicato, a quién y cuándo solicitó dicha cantidad. No difundió los datos para no entorpecer la investigación.
“El hecho de solicitar es suficiente para considerarlo un delito de corrupción, está documentado un testimonio [en el cual se señala que] este funcionario solicitó determinada cantidad de dinero [para registrar el sindicato]”, comentó Benjamín.
El fiscal anticorrupción aclaró que el sindicato que pretendía formarse es de carácter particular y no tiene relación con ninguna institución educativa. Como parte de la investigación, señaló que llamarán a testimoniar a varias personas; sean o no funcionarios públicos.
Benjamín Vargas Salazar hizo un llamado a que, en caso de existir otras víctimas de soborno, se comuniquen a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción para realizar las investigaciones correspondientes.
Avanza investigación de ex coordinador. El fiscal anticorrupción Benjamín Vargas señaló que está avanzando la investigación contra Abel Magaña Álvarez, ex coordinador de Comunicación Social en el gobierno estatal, como presunto responsable de enriquecimiento ilícito.
“Estamos a la espera de instituciones financieras y fiscales para completar la investigación, son tres meses de investigación complementaria, donde la persona no puede salir del país”, señaló.
Vargas Salazar mencionó que ambos casos son distintos, por lo que no es necesario que Abel Magaña enfrente su proceso en prisión.
“Esta última persona estaba en funciones, tiene una importante toma de decisiones y su función le permitiría obstruir la investigación mediante destrucción de documentos. En el otro caso es un ex funcionario que no está en funciones, no hay riesgo de que altere evidencia, la diferencia es que un cohecho tiene que ver con solicitud de cierta cantidad de dinero para hacer una función; en el caso anterior se trata de enriquecimiento patrimonial injustificado”, mencionó el fiscal.