La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso local aprobó la iniciativa con la cual se crea la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas en el estado.
Con esta iniciativa se propone reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Querétaro (FGE), además de que forma parte de la armonización de las leyes locales con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, misma que ordena se cree una fiscalía especializada en cada entidad federativa, explicó el diputado Mauricio Ortiz Proal, integrante de la comisión.
“Se creó a nivel nacional una ley general en la materia, y estábamos obligadas las entidades federativas, particularmente los poderes legislativos, para adecuar nuestra legislación y crear una instancia que de manera formal pudiera darle tratamiento a estos asuntos dentro de los órganos de justicia”.
Resaltó que tener un organismo especializado es necesario para atender un problema tan importante como lo es la desaparición de personas, ya que es un asunto de interés nacional, al tener un número importante de desapariciones, particularmente en otros estados.
Resaltó que se espera que el dictamen sea aprobado el próximo martes en sesión de pleno, ya que es un asunto que tenían en rezago legislativo, pues debieron dar cumplimiento con el ordenamiento en el mes de febrero.
Indicó que la nueva fiscalía será la encargada de encabezar los esfuerzos para perseguir los delitos de desaparición y desaparición forzada en el estado, realizando actuaciones e investigaciones exitosas de los casos que se presenten en la entidad.
El presidente de la comisión, Roberto Cabrera Valencia, señaló que el nuevo fiscal especializado sería nombrado por el fiscal general, Alejandro Echeverría y posiblemente ratificado por el Congreso local.
En la sesión también se aprobó la Ley de Respeto Vecinal para que se tenga un registro de personas que cometan faltas administrativas en el estado, a fin de darle seguimiento a los infractores y en caso de ser reincidente endurecer las penas administrativas, así como para poder detectar posibles conductas de riesgo.
“Es un sistema de registro de faltas administrativas y de infractores, como se asemeja al nuevo sistema penal acusatorio, en donde se contará con un récord de índices de criminalidad y también de los que están cometiendo los delitos, no se cuenta con un registro estatal en ese sentido”.
También se aprobó una reforma a la Ley del Centro de Evaluación y Control de Confianza para que el director sea nombrado por el Poder Ejecutivo y dure seis años en el cargo, así como modificaciones a la Ley Orgánica Municipal para que los jueces cívicos cuenten con título y cédula profesional en Derecho y no hayan sido sentenciados por algún delito doloso.