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El diputado local Braulio Guerra descartó que las modificaciones a la propuesta de ley de protección del ejercicio periodístico obedezcan a coyunturas o contextos especiales, al referirse a las recientes grabaciones telefónicas difundidas en las que se evidencian amenazas hacia un periodista del estado.
“Esta propuesta de ley no es de coyunturas, tenemos dos años trabajando en ella, cuando se formó una comisión en la Conferencia Permanente de Legisladores, a nivel nacional, desde donde empezamos a trabajar junto con otros diputados en este tema, que es de derechos humanos y de proteger un ejercicio democrático”, aseveró.
El legislador mencionó que luego de la presentación de propuestas de modificaciones por parte de los periodistas locales, se está avanzando en acuerdos para concretar la forma en que se conforme la junta de coordinación encargada de establecer las medidas de protección a los periodistas en el desempeño de su actividad.
“Para proteger a los periodistas y el ejercicio responsable de su actividad es determinante conformar una junta de coordinación que a la vez implique una serie de medidas de prevención, de articulación y de operación en torno a todos los fenómenos que se viven en el periodismo para su atención, supervisión, vigilancia, monitoreo y sobre todo para proteger a quienes ejercen esta actividad”, aseguró.
En las recientes reuniones que el diputado ha sostenido con los periodistas, éstos han presentado propuestas de modificaciones a la redacción de la propuesta de ley, mediante lo cual se pretende fijar acertadamente terminologías y las medidas de protección hacia el gremio.
De igual forma se pretende establecer claramente a quiénes estará protegiendo esta iniciativa de ley, con la finalidad de garantizar su efectividad a la hora de asegurar un ejercicio periodístico transparente y disuadir cualquier tipo de acción que atente contra los integrantes del sector en su actividad laboral diaria.
En estas recientes reuniones, los periodistas externaron su inquietud sobre las instancias gubernamentales que integran la junta de gobierno, que serán las encargadas de poner en marcha los mecanismos de protección, así como determinar las medidas en caso de que algún periodista requiera del apoyo haciendo valer esta ley.
Representantes de medios locales se pronunciaron por proponer el modelo nacional para la conformación de la junta de gobierno con ocho participantes: cuatro representantes de instituciones como la Secretaría de gobierno; la Policía y la Procuraduría; la junta se plantea que sea presidida por un representante de la Defensoría de los Derechos Humanos.
