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El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa de ley para que se contemple el término “justicia cotidiana” en la Constitución, a fin de que se establezcan mecanismos —propiciados por el estado— para que se resuelvan conflictos que pudieran existir entre particulares o inclusive con autoridades públicas.
De acuerdo con el coordinador de la bancada del tricolor, Mauricio Ortiz Proal, dicha iniciativa de ley nace a petición del presidente del Comité Directivo Estatal, Juan José Ruíz Rodríguez, con la intención de que se implementen mecanismos por parte del estado y se apoye a los ciudadanos en la resolución de sus conflictos, que pueden llegar a convertirse en problemáticas con las autoridades.
“Pretende reformar la Constitución Política del estado de Querétaro para incorporar el término de ‘justicia cotidiana’, entendiendo a esta como un conjunto de mecanismos que dispone y apoya el estado para resolver directamente los conflictos de ciudadanos con otros ciudadanos, y en algunos casos de estos con las autoridades públicas”. En este sentido, el legislador aseguró que la gran parte de la ciudadanía en todo el país carece de los medios adecuados para que puedan solicitar la resolución de conflictos que enfrentan, por lo que aseguró que la presente iniciativa busca que se encausen y resuelvan los conflictos con mayor eficacia.
“La mayor parte de los mexicanos carece de mecanismos y medios óptimos para solicitar y obtener una solución expedita y adecuada a sus problemas cotidianos; la justicia en su sentido más universal tiene que aspirar a tratar de encausar y resolver conflictos sociales y abiertos”, señaló.
Aseguró que a pesar de que los ciudadanos cuentan con diversas herramientas institucionales para la resolución de conflictos, hasta el momento las principales quejas que se tienen por parte de la sociedad en general es que premia la lentitud, desconfianza y la corrupción, misma que afecta a los procesos jurídicos a los que tienen que enfrentarse.
Esto ya que hasta el momento no se han podido materializar las expectativas jurídicas.
