Carlos Lázaro Sánchez Tapia, diputado de la fracción independiente de la 58 Legislatura de Querétaro, informó que presentará una iniciativa para reformar el Código Civil del estado y el Código de Procedimientos Civiles, a fin de modificar en la legislación la aplicación de aquellos delitos que se presten a una interpretación de carácter político.
Esto, en vista de la aprehensión de los activistas Jerónimo Sánchez Sáenz y Pablo González Loyola, durante la actual administración, quienes fueron inculpados por la Fiscalía General del estado por el delito de motín.
Actualmente el Código Penal del estado establece que su artículo 248, la aplicación de una pena de seis meses hasta 12 años de prisión a aquellos que se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con el empleo de violencia o amenacen a la autoridad para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o bien, para evitar el cumplimiento de una ley.
No obstante, a decir del diputado, este tipo de delitos quedan mucho a la interpretación de la autoridad, lo que facilita una aplicación arbitraria: “En el caso del delito de motín, es un delito muy viejo, muy antiguo que se utilizaba en aquellas épocas posrevolucionarias que me parece ya no es vigente”, consideró.
Señaló que en el caso de delito de motín, éste podría ser aplicable en casos particulares como la sublevación de carácter policiaco o de miembros del Ejército; sin embargo, refirió que la aplicación de esta pena efectuada por parte de la fiscalía en casos como el de Sánchez Saenz y González Loyola es “grave”, al inculpar a ciudadanos que “simple y sencillamente manifiestan su libre expresión”.
De acuerdo con el legislador, esta iniciativa podría presentarse la próxima semana, pues se le deberá dar celeridad, en vista de las circunstancias presentadas en el caso de Sánchez Sáenz, quien ya había sido detenido en 1998 por la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ), al ser acusado de participar en la agresión de autobuses en los que viajaban integrantes del gabinete del ex presidente Ernesto Zedillo.
Sánchez Tapia consideró que pese a que no es competencia de la Legislatura, los ayuntamientos también deberían de revisar sus ordenamientos jurídicos, pues continúan haciendo referencia a delitos arbitrarios.
“Hemos exigido en el caso de reglamentos municipales, que no le competen a la Legislatura, pero sí mucho al ayuntamiento en el caso de policía y buen gobierno, hay muchos reglamentos que en sus articulados todavía refieren a los usos y costumbres”, dijo.
