Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), modificara a través de un amparo varios artículos de la constitución, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Querétaro, calificó esta acción como una forma retrógrada de ejercer el orden; el presidente de este organismo autónomo Miguel Nava Alvarado, explicó las razones para marcar este posicionamiento.
La primer modificación que realizaron los magistrados de la Suprema Corte de Justicia fue la de transformar el artículo tres constitucional en la que se describe que las personas humanas son las que tienen derechos, “las leyes fueron escritas por personas, no hay que poner por escrito que son humanos para que se tengan que respetar estos derechos, por lo mismo siento que los magistrados de la Suprema Corte se están tomando atribuciones que no les pertenecen” explico el Ombudsman queretano.
En un comunicado enviado a la misma SCJN la defensora de los derechos humanos del estado dejó en claro la postura de este organismo en el que el actuar de los magistrados no puede superar el trabajo de los Diputados federales y los senadores en materia de modificar nuestra carta magna.
El presidente de la comisión estatal de derechos humanos de Querétaro, Miguel Nava Alvarado explicó que la Constitución es clara y no se puede prestar a interpretaciones, “cuando la Constitución hace mención de “todas las autoridades”, también incluye a la SCJN, en consecuencia esa autoridad incumplió con su obligación”.
Agregó que nuestra carta magna y los tratados no son el objeto de protección de los Derechos Humanos, sino la persona humana, conforme al artículo 1° párrafo segundo de nuestra Carta Magna, que citó textualmente.
“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia”
La SCJN le da sentido legal a violaciones de Derechos Humanos como el arraigo, la extinción de dominio, privación de la libertad por caso urgente, entre otras, por lo que los magistrados tratan de imponer la ley a su aceptación y eso no lo podemos permitir porque viola flagrantemente los derechos humanos de todos los ciudadanos del país.